Las protestas de jueces y secretarios judiciales por las sanciones impuestas a raíz del «caso Mari Luz» y las «presiones políticas» en torno a este asunto paralizaron ayer la actividad de los tribunales y elevado el clima de tensión entre estos sectores y el Gobierno. Desde el ámbito judicial se denuncia la «injerencia» de los políticos por reclamar un aumento del castigo al juez Rafael Tirado -multado con 1.500 euros por no ejecutar una sentencia que condenaba al presunto autor de la muerte de Mari Luz por abusar de su hija-.
En un comunicado conjunto leído frente a todas las sedes judiciales al término del paro, el CNSJ y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales acusaron al Ministerio de Justicia de encubrir la ausencia de reformas modernizadoras con la sanción a su compañera.
Los efectos de la protesta en el servicio público se han visto amplificados por las juntas de jueces que, coincidiendo con este paro, estaban convocadas ayer en la práctica totalidad de los tribunales españoles, lo que ha hecho imposible la celebración de juicios. La celebración de estas juntas, que el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, calificó de «huelga encubierta», terminó con la aprobación de unos acuerdos en los que magistrados denunciaron las presiones políticas que en su opinión sufre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Especialmente duro fue el Supremo, donde 46 magistrados de todas las tendencias ideológicas suscribieron un manifiesto en el que tildan de «intolerables» e «inaceptables» las manifestaciones «de relevantes sujetos públicos» y piden al CGPJ que no atienda a las demandas de una sanción «ejemplarizante» para el juez Tirado. También los jueces de la Audiencia Nacional (entre ellos Baltasar Garzón) denunciaron «las constantes injerencias de los responsables políticos».
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.