La Policía Judicial se personó ayer en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para solicitar documentación sobre contratos durante la etapa en la que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, presidía la institución. La Federación ha comunicado que entregará la información «en los próximos días», mientras que su actual presidente, el socialista Pedro Castro, dijo que se encuentra a disposición de la autoridad judicial para colaborar en todas las investigaciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que se encarga del 'caso Gürtel' en su vertiente madrileña, reclamó documentación sobre contratos a la FEMP, durante el periodo 2000-2004, momento en el que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, encabezaba la institución. Por tanto, se estaría buscando información sobre los contratos firmados entre la FEMP y empresas de la trama de Correa en esa etapa.
300.000 euros
Según se publicó en su día, una de esas empresas facturó casi 300.000 euros a la FEMP entre junio de 2000 y diciembre de 2003. Por eso, agentes de la Policía Judicial acudieron a la sede de la FEMP para presentar el requerimiento judicial con el objetivo de que se prepare toda la documentación que conste de dicho periodo. Los agentes se limitaron a presentar la solicitud, pero no se llevaron ningún escrito.
Una vez conocida la noticia, la Federación emitió un comunicado en el que manifestaba su «voluntad de colaboración con la Justicia», por lo que «hará entrega en los próximos días de toda la información requerida que obre en los archivos de la federación». En el mismo, señalaba que los efectivos de la Policía Judicial entregaron en su sede un requerimiento del TSJM pidiendo la documentación relativa a los expedientes de contratación del periodo presidido por Barberá.
«Intentamos buscar los soportes que gestionasen las facturas, pero lo que no ha quedado ha sido ni un sólo contrato, o al menos no lo han visto los técnicos de la FEMP. Quedan las facturas, pero no los soportes ni los contratos», aclaró.
Por su parte, el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia y alcalde en funciones, Alfonso Grau, insistió en que «en ningún caso se ha producido ninguna petición en relación con la alcaldesa Rita Barberá» a la FEMP. «Ni registro, ni entrada de la policía en la sede», reiteró, sino que «simplemente se han presentado unos agentes de la policía con una visita previamente anunciada, solicitando, mediante requerimiento judicial, la documentación requerida a unos contratos anteriores al año 2004, así como las competencias que en aquel momento tenía la Secretaría General de la FEMP».
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Corts valencianas, Àngel Luna, pidió a la primera edil del Consistorio valenciano que «no actúe como el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y explique cómo dirigió la contratación durante su etapa al frente de la Federación Española de Municipios y Provincias», porque, a su juicio, la documentación está «relacionada con la trama corrupta que realizó regalos a la alcaldesa».
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