La Federación Español de Municipios y Provincias (FEMP) entregó ayer al Tribunal Superior de Justicia de Madrid las facturas pagadas a empresas investigadas en el 'caso Gürtel' entre 2000 y 2004, pero no ha encontrado en los archivos «ningún contrato» con estas sociedades.
En un comunicado, la FEMP destacó también que, una vez revisadas todas las actas de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Federal de la Federación correspondientes a dicho periodo, no hay en ellas información ni acuerdo alguno sobre dichas contrataciones.
La Policía Judicial requirió el pasado lunes a la FEMP los contratos que firmó el que era entonces secretario general de la Federación, Àlvaro de la Cruz, bajo el mandato de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, con empresas vinculadas al presunto cabecilla de la trama madrileña del 'caso Gürtel', Francisco Correa, como Special Events y Pasadena Viajes.
Ya entonces el presidente del organismo, el socialista Pedro Castro, aseguró que no había quedado «ni un solo contrato» en los archivos de la federación, de donde también habían desaparicido los soportes.
La investigación que comenzó la Audiencia Nacional y continúa ahora el TSJ de Madrid ha determinado que el número dos de Rita Barberá, Àlvaro de la Cruz Gil, en la FEMP adjudicó dos actos a Correa, en concreto la celebración de sus asambleas generales de 1999 y 2003 por un monto total de más de 800.000 euros.
En la contabilidad B (dinero negro) de la red de Correa figura un supuesto pago de 30.000 euros a De la Cruz que está siendo investigado.
La propia Barberá se ha visto salpicada por los hechos que investigan distintos tribunales de España. Àlvaro Pérez, alias El Bigotes, cabecilla de la trama Gürtel en Valencia, revela en una llamada telefónica interceptada por la policía el pasado 2 de enero que en los últimos cuatro años ha hecho regalos a la alcaldesa de Valencia.
No obstante, el alcalde en funciones de Valencia, Alfonso Grau, dijo el pasado lunes que todos los contratos que se hicieron en esa época «fueron tramitados, refrendados y aprobados por unanimidad en el seno del Comité Ejecutivo de la Federación».
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