El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ha dictado una orden de búsqueda y captura contra la etarra Maite Aranalde, tras conocer que la joven, que salió la pasada semana de la cárcel de Soto del Real (Madrid), se encuentra en paradero desconocido. Después de su puesta en libertad, la Fiscalía ya había solicitado que se impusieran mayores medidas de seguridad a Aranalde, debido a que existía riesgo de fuga.
Garzón, que regresó este lunes de sus vacaciones, terminó su primera jornada laboral del nuevo curso revocando la libertad provisional de la que disfrutaba la miembro de ETA, por orden del juez Eloy Velasco "que sustituía a Garzón en su ausencia" y dictó su ingreso en prisión. Según el auto dictado, «exisistían indicios suficientes» para haber dictado prisión contra la etarra y defiende que los derechos por los que su Juzgado obtuvo la entrega de Aranalde, el pasado martes, comportan un «grado elevado» de riesgo de sustracción a la acción de la Justicia teniendo en cuenta «que la entrega de la procesada no ha sido voluntaria».
Tras su decisión, las Fuerzas de Seguridad del Estado se dirigieron al domicilio de Aranalde para proceder a su arresto, ésta no se encontraba en la vivienda y no lograron localizarla. Después de comprobar que la etarra se había dado a la fuga, el magistrado inició los trámites para formalizar una orden de busca y captura.
Recurso
El caso de Aranalde dio mucho de qué hablar después de que un error judicial permitiera a la terrorista salir a la calle. Entonces, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó un recurso en contra de la decisión del juez Velasco y solicitó, además, que se le impusieran a Aranalde mayores medidas de seguridad para garantizar que la terrorista no huyera del territorio español, como finalmente ha sucedido.
La etarra fue entregada a España el pasado martes, después de cumplir en Francia una condena por asociación de malhechores. A su llegada a la Audiencia Nacional se comprobó que la documentación que la acompañaba se refería únicamente a una de las dos causas por las que se la investiga, un delito de tenencia de explosivos.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se refirió a la huida de Aranalde asegurando que «en un Estado de Derecho los policías cumplen las órdenes de los jueces» en referencia a la orden del juez Velasco, que dictó la puesta en libertad de la terrorista. El ministro admitió también que su liberación fue propiciada por un «error burocrático de Francia».
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