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EFE-LANZAROTE/MADRID La activista saharaui Aminatu Haidar rechazó ayer una propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores para concederle un pasaporte español porque ello supondría convertirse «en extranjera en su propia casa», dijo su representante legal, Inés Miranda.

Tras catorce días en huelga de hambre, la activista saharaui inició esta tarde una reunión con el director del gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores, Agustín Santos, pero tuvo que interrumpirla casi tres horas por sufrir un desvanecimiento.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, mostró ayer «cierta perplejidad» por el rechazo de la activista saharaui Aminatu Haidar de todas las propuestas que le ha trasladado el Gobierno, pero ha asegurado que el Ejecutivo seguirá negociando para encontrar una solución a su situación. Exteriores ha ofrecido su disposición a mantener nuevos contactos en Lanzarote en cuanto «le sea posible» a Haidar.

El objetivo de los nuevos encuentros, según un comunicado del Ministerio, será «estudiar cualquier propuesta en el marco de la legalidad internacional y española» para solucionar la situación de la saharaui.

Según Inés Miranda, que representó a la activista en la segunda parte de la reunión, no se ha previsto ninguna otra, pero la activista saharaui ha expresado su disposición «a seguir oyendo una propuesta seria y resolutiva que atienda rápidamente esta situación».

La abogada manifestó que el enviado de Asuntos Exteriores comunicó su intención de trasladar la postura de Haidar al titular del Ministerio, Miguel Àngel Moratinos, con el que intentará encontrar una nueva propuesta.

Inés Miranda contestó que aunque Haidar «quiere mucho a España y al pueblo español, al que agradece su solidaridad y apoyo», lo que se le ofrece «es desde luego ser extranjera en su propia casa, algo que ni Aminatu ni nosotros deseamos».

También insistió en que los Gobiernos español y marroquí han violado el pacto internacional de derechos civiles y políticos, por el que se prohíbe a todo Estado negar a un ciudadano la salida de su territorio siempre y cuando no esté incurso en alguna causa legal.