Julián Muñoz niega que recibiera dinero de Roca

En la cuarta sesión del juicio por el caso 'Malaya', contra la presunta corrupción en el municipio de Marbella, el abogado Javier Saavedra ha afirmado que de ser ciertos esos pagos por los que se le acusa a su cliente «es el alcalde corrupto más barato de España». «Si coges la lista de corrupciones y ves las cantidades, este señor sería un hazmerreír en ese ranking de corruptos», ha apuntado.

El letrado se ha preguntado si «es creíble» que en 2002 se firme un convenio y «Roca pague a plazos a Muñoz y el último se pague cinco meses después de, según los informes de la Udyco y el auto de procesamiento, preparar la moción contra Muñoz y de que Muñoz y el señor Gil --en referencia al ex alcalde Jesús Gil-- se tiren los trastos a la cabeza».

«Es que don Juan Antonio Roca y don Julián Muñoz son unos malversadores, pero eso sí, de una honestidad entre ellos que es entusiasmante, porque después de que nos hemos peleado, te he echado del Ayuntamiento, te he preparado una moción de censura, nos hemos insultado, pero los 12.000 euros, soy un caballero y te los doy», ha ironizado Saavedra.

En este sentido, ha añadido que esto «ofende al sentido común, es llamarnos imbéciles o por lo menos al que ahora está en el uso de la palabra». Ha precisado que «una pelea política del calibre que había en Marbella en 2003 da la certeza absoluta de que sería imposible ese pago», del que ha dicho, además, «no está refrendado por ningún movimiento bancario».

El abogado ha manifestado que cree en la inocencia de todos los procesados y sobre todo de su cliente, porque «todo lo que me ha dicho ha sido veraz y cierto», al tiempo que ha considerado que «los derechos fundamentales son irrenunciables». Ha cuestionado la detención de Muñoz y ha pedido la nulidad del auto de prisión, tras analizar los argumentos del instructor para dictarlo.

Sin riesgo de fuga, según la defensa

Así, respecto al riesgo de fuga, ha explicado que cuando empieza la operación 'Malaya', en marzo de 2006, su cliente está en Argentina, un país «con limitaciones» en los tratados de extradición, «pero vuelve, fíjense el temor que tenía». También ha cuestionado «qué pruebas puede destruir» y se ha preguntado «cuáles son los indicios para decretar la prisión».

Ha apuntado que «hay la declaración de un contable de Roca que dice simplemente que la abreviatura J.M. intuye que es Julián Muñoz, pero que no lo puede asegurar». «Con eso es suficiente para decretar la prisión de alguien durante 14 meses», ha lamentado y ha añadido que el principal imputado, «el jefe como dice la Udyco» --Roca--, cuando se le pregunta «dice que no corresponde» a él.

Asimismo, ha criticado la falta de concreción en el escrito del fiscal sobre los delitos de los que le acusa y ha apuntado que aportará documentación sobre la supuesta falta de imparcialidad del instructor. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el ex alcalde marbellí 10 años de prisión y multa de 400.000 euros por los delitos de cohecho pasivo, malversación y prevaricación administrativa.

Este letrado ha expuesto también en representación del marchante de arte Jean Leopold Alfred Fournet y ha asegurado que la actividad de su cliente en España es la decoración, indicando que «casualmente» el desarrollo del Real Decreto de Blanqueo de Capitales «no indica» que las casas de decoración tengan que informar al Servicio Ejecutivo de Prevención contra del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

En este sentido, se ha cuestionado qué relación tienen los 95 que están acusados y ha señalado que «sólo que trataban con Juan Antonio Roca y, en algunos casos, alguna secretaria se le ocurrió poner la inicial». Además, ha recordado que en 1991 «por Marbella pasaron jueces, fiscales, policías, de todo, hasta que en 2005 se dieron cuenta de que aquello era un pozo sin fondo de corrupción».

Detenciones y tribunal

Detenciones de una «extraordinaria crueldad» y que casi «arrancan la vida» de los procesados o situaciones vividas que «se aproximan a la tortura» han sido algunas de las manifestaciones hechas por las defensas de acusados como José Avila Rojas, Carlos Sánchez o Ursula Quinzano, alegando la mayoría de los letrados intervinientes en esta sesión vulneración de derechos y solicitando nulidades.

Ante estas manifestaciones, el presidente del Tribunal, José Godino, ha tenido que llamar la atención, al considerar que los términos utilizados «no son correctos» y que «no se puede hablar de tortura en este tipo de declaraciones». «Tendrán irregularidades de otro tipo o podrá haberse cometido alguna incorrección, pero hablar de tortura es excesivo», ha añadido.

Tras el receso, el Tribunal también ha advertido que se acordaría la detención e ingreso en prisión del procesado José María Mellado si no estaba presente en el juicio antes de finalizar la sesión. Finalmente, el acusado ha comparecido, aunque ha tenido que abandonar la Sala en un momento determinado para ser visto por el médico forense, al encontrarse indispuesto.

El motivo de la ausencia de este procesado, que se ha prolongado durante dos días, ya que tampoco estuvo presente en la sesión del lunes, ha sido «un problema laboral y escasez de medios», según informaron fuentes judiciales. El Tribunal ha dispensado a este acusado de estar presente en la Sala hasta que tenga que exponer su abogado, lo que en principio ocurriría el 25 de octubre.

Mellado está acusado de un delito de blanqueo por la Fiscalía Anticorrupción, que solicita dos años de prisión y multa de 140.000 euros. El fiscal relaciona a este acusado con la sociedad Torquemada, presuntamente vinculada con el supuesto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, para gestionar el hotel La Malvasía de El Rocío.