Camps, quien dimitió el pasado 20 de julio de la presidencia de la Generalitat tras haber sido procesado por la llamada «causa de los trajes» del caso Gürtel, en la que está acusado de un supuesto delito continuado de cohecho pasivo impropio, se convertirá el próximo 12 de diciembre en el primer expresident del Gobierno valenciano juzgado por un supuesto delito.
Fue el 6 de febrero de 2009 cuando dos funcionarios de Justicia se personaron en la Conselleria de Turismo para reclamar el expediente del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur, adjudicado a Orange Market, cuyo responsable en Valencia, Àlvaro Pérez (conocido como «El Bigotes"), fue detenido tres días después por su presunta implicación en la red de corrupción.
El 19 de febrero, dos periódicos publicaron que la Fiscalía Anticorrupción implicaba a Camps en la trama de corrupción, debido a una frase de una imputada que aludía al pago de 30.000 euros en trajes para él, algo que el expresident desmintió en una comparecencia de urgencia junto a todo su Gobierno.
Menos de un mes después, el 5 de marzo, Garzón envió la rama valenciana del caso Gürtel al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ante la existencia de indicios contra Camps y contra el entonces secretario del PPCV, Ricardo Costa, el exvicepresidente del Consell Víctor Camps y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.
El 21 de abril, el TSJCV se declaró competente para investigar los hechos que afectaban a Camps -a quien Garzón acusaba de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por Orange Market a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad- y a los otros tres dirigentes valencianos.
Uno de los hitos en este caso en 2009 fue la declaración como imputado de Camps, que compareció ante el magistrado instructor del caso, José Flors, el 20 de mayo.
En julio, Flors dictó auto de procesamiento contra los imputados al considerar que existían indicios de un delito de cohecho pasivo impropio.
Camps y el resto de implicados recurrieron esta decisión y en agosto, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, encabezada entonces por Juan Luis de la Rúa, a quien Camps había considerado públicamente «más que un amigo», ordenó el sobreseimiento libre de la causa.
El escrito de archivo, que contó con un voto particular de uno de los magistrado en contra, consideró que el delito de cohecho pasivo se daba cuando había una contraprestación a los regalos recibidos (en este caso concesiones públicas), interpretación que fue recurrida por el Ministerio Fiscal y el PSPV ante el Supremo.
En octubre, el levantamiento parcial del secreto de sumario reveló detalles de los estrechos vínculos que los principales miembros de la trama corrupta mantenían con dirigentes del PP y arrojó sospechas sobre la financiación del partido.
Un mes después, el PSPV se querelló contra la dirección del PPCV y cuatro constructoras por varios delitos, que el TSJCV rechazó asumir en febrero de 2010 para evitar duplicidades pese a ver indicios de delito.
En abril, el Supremo admitió los recursos contra el archivo del caso en Valencia, y el Tribunal Superior de Justicia madrileño aceptó la personación del PSPV como acusación particular.
El 12 de mayo, el Supremo ordenó al TSJCV reabrir la parte valenciana del caso, al interpretar que para que haya cohecho pasivo impropio basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración al cargo.
En enero de 2011, Flors dictó una providencia para que las partes personadas en la investigación de un posible delito de cohecho pasivo impropio presentaran sus conclusiones, paso previo para abrir juicio oral o archivar la causa.
La Fiscalía Anticorrupción pidió 41.250 euros de multa a Camps por un delito de cohecho, mientras la acusación particular, ejercida por el PSPV, elevó la petición a tres años de cárcel y ocho de inhabilitación, además de una multa de 46.000 euros, y la defensa pidió el sobreseimiento de la causa.
En abril, Anticorrupción consideró que el TSJCV era competente para investigar una supuesta trama de financiación irregular del PPCV relacionada con la red «Gürtel», que se debería unir a la causa por cohecho impropio que afecta a miembros del Gobierno autonómico.
En mayo, el TSJCV asumió investigar un posible delito electoral del PPCV en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y de falsedad documental en las generales de 2008, y si la Generalitat prevaricó y cometió cohecho en contratos con Orange Market.
Un mes después, el Tribunal valenciano rechazó la inclusión de Camps en la causa por supuesta financiación ilegal del PP, y confirmó la implicación del exvicepresidente Vicente Rambla y de la expresidenta de Les Corts Milagrosa Martínez.
El 5 de julio rechazó acumular las causas «de los trajes» y de la financiación del PPCV, y el 12 de julio se celebró la vista previa para resolver si procedía la apertura de juicio oral, en la que las partes mantuvieron sus peticiones.
El 15 de julio, Flors decidió abrir ese juicio por un delito continuado de cohecho pasivo impropio ante un tribunal popular, al apreciar indicios de que la red corrupta supuestamente pago unas prendas de vestir adquiridas por el expresident y el resto de imputados.
Dos de ellos, Campos y Betoret, terminaron aceptando su culpabilidad y fueron condenados a pagar la multa más alta prevista para este delito: 9.600 euros.
El sucesor de Camps, Alberto Fabra, que también le ha relevado al frente del PPCV, se ha comprometido con la oposición a que la Generalitat facilitará a los grupos todas la documentación que soliciten sobre los contratos entre esta Administración y las empresas relacionada con la red Gürtel.
Camps mantiene su escaño en Les Corts y, además, ha entrado a formar parte del Consejo Jurídico Consultivo, como prevé el estatuto de expresidentes del Consell.
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