El Gobierno limitará el uso del pago en efectivo para luchar contra el fraude fiscal

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta indicó que una de las novedades que estudia el Ministerio de Hacienda será limitar el uso de efectivo en determinadas transacciones económicas, especialmente las realizadas con billetes de alta denominación, para aflorar parte de la economía sumergida que se lleva a cabo a través de estas operaciones.

La medida, aplicada ya en países como Francia e Italia, según recordó Sáenz de Santamaría, es un elemento «muy claro» en la lucha contra la economía sumergida y contra el uso de dinero negro en esos pagos, en palabras de la portavoz del Gobierno, quien añadió que también es una manera «muy clarificadora» de detectar dónde se están produciendo las grandes bolsas de fraude.

El plan de prevención del fraude fiscal operará en tres ámbitos: la intensificación en el lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social.

El nuevo plan de control tributario facilitará también a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y se pedirá información fiscal a los países que antes eran considerados paraísos fiscales, como Andorra, Panamá, Bahamas y las Antillas holandesas, al tiempo que se impulsará la firma de nuevos convenios para la erradicación de otros paraísos fiscales.

Consumo eléctrico y uso de tarjetas de crédito

Sáenz de Santamaría también adelantó que el plan intensificará el control sobre ciertos sectores --que no especificó-- más ligados a la economía sumergida, en los que se pondrá el foco en datos como el consumo eléctrico o el uso de terminales de tarjetas de crédito.

En fase recaudatoria, se adelantará la intervención de los órganos de recaudación en los procedimientos de gestión tributaria y se fomentará la adopción de medidas cautelares desde el inicio del procedimiento.

La mayor colaboración entre administraciones tributarias del Estado y las comunidades autónomas, incluidas las haciendas forales, para el intercambio de información, así como la potenciación de la vigilancia aduanera o las normas 'antiabuso' son otros de los pilares en los que se basará el nuevo plan de prevención del fraude.

Se ampliará el envío de borradores del IRPF

Asimismo, se potenciará la 'autorregularización' voluntaria, la 'autocorrección' de incidencias censales, la ampliación del ámbito del borrador del IRPF, la potenciación de la administración electrónica, la obtención 'on line' de información tributaria personalizada y la formulación de consultas a la administración sobre el tratamiento tributario de operaciones especialmente complejas.

Concretamente, sobre la 'autorregulación' voluntaria, Sáenz de Santamaría explicó que se trata de que aquellos contribuyentes a los que la Agencia Tributaria advierta de que han cometido errores u omisiones en sus declaraciones puedan voluntariamente subsanarlos antes de que se les abra un procedimiento, y con la finalidad también de poder reducir recargos o sanciones.

«Se trata de evitar comprobaciones de pequeños contribuyentes para llevar a cabo grandes operaciones contra el fraude», indicó Sáenz de Santamaría.

Finalmente, destacó que estas líneas generales del plan de prevención del fraude permitirán recaudar 8.171 millones de euros en 2012, una cantidad que consideró «muy importante» para garantizar la «justicia y equidad» en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, «porque lo más injusto y lo más inequitativo es aquel que teniendo obligación de declarar no declara o declara lo que no le corresponde».

Déficit en la Seguridad Social

Además, Sáenz de Santamaría ha asegurado que la Seguridad Social cerró el año 2011 con un déficit de 668 millones de euros, lo que supone el 0,06 % del PIB, frente a la previsión de un superávit del 0,4 % del PIB.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha recordado la «preocupante» situación de la tesorería de la Seguridad Social por la caída del número de cotizantes después de conocerse los datos del paro y afiliación a finales de año.

Ha señalado que las estimaciones del gobierno anterior eran de que la Seguridad Social terminara con un superávit del 0,4 %, pero que la «difícil» realidad pone de manifiesto que el sistema termina con un déficit del 0,06 %.

No obstante, Sáenz de Santamaría ha enviado un mensaje de tranquilidad porque ha asegurado que la Administración pagará las pensiones «sin problemas» y ha recordado que ya se han vivido momentos difíciles similares al actual, como en 1996, pero que entonces también el Ejecutivo pagó «puntualmente».

Ha subrayado la necesidad de «tener presente» que el país necesita medidas extraordinarias, porque cuando la Seguridad Social presenta una desviación de casi medio punto de déficit frente al superávit previsto, demuestra que la «realidad es más dura de lo que pensábamos».

Las medidas dirigidas a una mayor reducción del gasto público que se añaden a las que el Gobierno tomó la semana pasada «completa el escalón de austeridad» propuesto, ha afirmado.

La Seguridad Social entra así en déficit por primera vez desde 1999, cuando alcanzó un superávit del 0,18 % del PIB.

En los presupuestos generales del Estado de 1998 se aprobó la separación de fuentes y la Sanidad pasó a financiarse con impuestos a partir del 1 de enero de 1999, año en que la Seguridad Social comenzó a registrar superávit.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Gobierno tiene «constancia documental» de que el gobierno anterior no suministró la cifra de desviación de déficit de la Seguridad Social, aunque ha reconocido que sí informó de que era muy difícil cumplir con el objetivo de superávit del 0,4 %.

La vicepresidenta ha precisado que aunque el anterior gobierno sí informó de que dudaba sobre si podría cumplir con ese superávit, «nunca dijo que se iba a producir una desviación así».

Reunión con las CCAA

Por otra parte, el Gobierno convocará en enero al Consejo de Política Fiscal y Financiera para examinar la situación del sector público empresarial y reducirlo, con el fin de ahorrar costes y ayudar a corregir el déficit público.

Santamaría ha asegurado que el Consejo de Ministros ha analizado un informe procedente del Ministerio de Hacienda que cifra en más de 4.000 los organismos, fundaciones y consorcios que forman parte del entramado de la Administración Pública y que necesariamente hay que disminuir.

«Es una tarea compartida del Estado, de los gobiernos autonómicos y de las corporaciones locales redimensionar el sector público para mejorar el control del déficit», ha señalado.

Sáenz de Santamaría ha indicado que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera revisará el informe aprobado en 2010, cuyo objetivo era eliminar 515 entidades públicas o altos cargos, ya que sólo se han suprimido 69.

La vicepresidenta no ha avanzado la fecha exacta del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha dicho que la convocatoria partirá del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Asimismo, ha indicado que en esa reunión Montoro preguntará a los gobernantes de las diferentes administraciones públicas por qué no han cumplido con el objetivo de déficit para 2011 y les interpelará sobre los organismos que dependen de ayuntamientos y autonomías y que creen que deben mantenerse, fusionarse para reducir costes o incluso venderse.

«Queremos tener información exhaustiva del personal que tienen, sobre todo de los altos directivos de las entidades, y una valoración previa del futuro de estos organismos», ha puntualizado.

Sáenz de Santamaría ha recordado en que el Gobierno respeta la potestad que tienen las autonomías sobre las empresas públicas y entidades dependientes de sus gobiernos, pero ha insistido en que «todas ellas son muy conscientes de la necesidad de un proceso de reestructuración».

En este sentido, ha añadido que de 2004 a 2009 se ha incrementado en un 50 % el número de entidades públicas.

No obstante, ha aseverado que algunas comunidades autónomas, como Baleares o Castilla La Mancha, han hecho un «esfuerzo considerable» en reducir puestos públicos y ha confiado en que el resto de las autonomías renueven el compromiso adquirido en 2010.

Sobre la reducción de entidades, agencias u organismos dependientes de la Administración General del Estado (AGE) ha lamentado la «opacidad» y «dispersión» que existe en la actualidad sobre el número exacto de estos organismos, que sólo conocen a través de los datos de 2009 procedentes de la Intervención General del Estado.

Por ello, ha recalcado que el presidente del Gobierno ha encargado a todos los ministerios que remitan un informe completo de «todas y cada una de estas entidades» dependientes de sus carteras con el fin de evaluar su estado, la dotación presupuestaria y su personal, para hacer una estimación de ahorro.