Según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Sanidad, a partir de ese momento las tarjetas sanitarias obtenidas por inmigrantes en situación irregular empadronados en España quedarán anuladas, por lo que tanto los inmigrantes cuya tarjeta sanitaria haya sido obtenida cuando no tenían permiso de residencia como los europeos que no estén inscritos en el Registro Central de Extranjeros deberán regularizar su situación antes de que acabe agosto.
En todo caso, el decreto fija que cualquier inmigrante, al margen de su situación administrativa, tendrá acceso a atención «de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica». Además, los menores de 18 años «recibirán asistencia médica en las mismas condiciones que los españoles» y las embarazadas gozarán de atención en la gestación, el parto y el postparto, conforme ya recoge el artículo 12 de la Ley de Extranjería.
Esta medida, con la que el Ejecutivo prevé ahorrar 500 millones de euros, afectará a un mínimo de entre 120.000 y 150.000 personas en España, las que figuran empadronadas como extranjeras de países no europeos y no como titulares de un permiso de residencia, conforme resulta de cruzar el avance de resultados del Padrón Municipal difundido por el Instituto Nacional de Estadística con el Registro General de Extranjeros del Ministerio de Empleo.
No obstante, esta cifra es sólo «una mínima aproximación», conforme explican los juristas del Grupo Inmigración y Sistema Penal. En total, en el Padrón figuran 3.270.188 extranjeros nacidos fuera de la Unión Europea, frente a de los que 393.211 no se verían afectados por la reforma en Sanidad ya que son familiares de europeos y, por tanto, están legalmente en España.
En la actualidad, 3.270.188 personas con nacionalidades de fuera de la Unión Europea están empadronadas en España, mientras que en la Secretaría General de Inmigración figuran 3.117.719 permisos de residencia expedidos a ciudadanos de estas procedencias entre los que están inscritos como inmigrantes en el régimen general y los que figuran en la estadística como familiares de europeos.
Esta diferencia de 153.469 personas podría dar «una mínima aproximación» de la cifra de inmigrantes que se encuentran 'sin papeles' en España, aunque el año pasado estaban en vigor 51.804 visados por estudios de otros tantos ciudadanos que tienen acceso a la sanidad pública al margen de su nacionalidad, que saldrían del recuento.
No obstante, la cifra está sujeta a variaciones, principalmente porque el Padrón Municipal se actualiza cada dos años, cuando los extranjeros están obligados a renovar su inscripción, un trámite que no siempre se cumple puntualmente, de manera que una persona que accedió a la tarjeta sanitaria estando empadronada puede haber salido del registro municipal.
Esto puede explicar por qué sólo un año antes la estimación de inmigrantes en situación irregular triplicaba la actual, superando las 310.000 personas, ya que figuraban empadronadas en España 3,25 millones de nacionales de fuera de la Unión Europea y 2,8 millones de autorizaciones de residencia para estos extranjeros.
En torno a 100.000 sin tarjeta en agosto
A falta de datos oficiales sobre la irregularidad en España y contando con que todas estas personas que tienen un permiso de residencia por un motivo u otro estén empadronadas, rondarían los 100.000 los extranjeros sin permiso de residencia que en la actualidad figuran en el Padrón y por ello, pueden acceder a una tarjeta sanitaria. Cien mil personas que perderán este derecho a partir del 31 de agosto conforme el decreto aprobado por el Gobierno.
«Estos son irregulares que están empadronados, después hay una bolsa que no lo están, así que como mínimo hay estas personas, entre quienes están seguro, los que tienen hijos pequeños, para así poder escolarizarlos. Pero hay muchos otros que no se empadronan y con este decreto, será mucha gente la que no lo hará», explican desde Inmigrapenal.
En este sentido, los datos de irregularidad en España varían en función de la fuente. Organizaciones como Cáritas y distintos sindicatos tradicionalmente han calculado que entre medio millón de personas y unas 800.000 vivirían en España sin permiso de residencia y sin constar en ningún registro, ni siquiera el Padrón, por lo que ya estarían excluidos de la posibilidad de obtener una tarjeta sanitaria.
Para Inmigrapenal, sea cual sea la realidad actual, el caso es que va a aumentar, por la irregularidad sobrevenida de quienes pierden su empleo y no pueden mantener la autorización de residencia. En la actualidad, la tasa de paro entre el colectivo extranjero supera el 30 por ciento.
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