El Ejecutivo aprobará este mes la liberalización ferroviaria y aeroportuaria

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha indicado además que también se aprobará este mes de julio una ley para paliar el problema del déficit de tarifa eléctrica, que, según ha anunciado el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, implicará cambios en el «esquema fiscal energético».

Por su parte, está previsto que a partir de septiembre se liberalicen también los servicios profesionales y que se remita a las cortes la Ley de Unidad de Mercado, que perseguirá evitar la fragmentación del mercado nacional, así como simplificar y homogeneizar las distintas licencias que se necesitan para abrir un negocio.

Con respecto a la liberalización de los transportes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado miércoles que el Ejecutivo llevará a cabo un proceso de liberalización y, en su caso, de privatización de los servicios asociados a los transportes ferroviario, aeroportuario y portuario.

Fomento ha convocado hoy «con carácter de urgencia» a los sindicatos con presencia en Renfe y Adif a una reunión en el Ministerio, han informado a Efe fuentes sindicales, que han considerado que el encuentro está relacionada con el posible adelanto de la liberación de los servicios ferroviarios.

Además, el departamento que dirige Ana Pastor ha elaborado un anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) para mejorar la operatividad del transporte por carretera, al reducir el número de licencias que se exige para este tipo de servicio.

Estas modificaciones de la ley, que data de 1987, afectan tanto al transporte de mercancías por carretera, como el de pasajeros, y con él se incrementa la flexibilidad de ese servicio y se aumenta la transparencia.

Asimismo, Fomento ha preparado también un anteproyecto de ley de reforma y flexibilización del mercado del alquiler para modificar la ley de arrendamientos urbanos y la ley de enjuiciamiento civil a fin de flexibilizar este sector, reforzar la seguridad jurídica, agilizar los desahucios y establecer estímulos fiscales.

Una de las principales medidas tratará de paliar la inseguridad de los arrendadores ante los impagos, para lo que el Gobierno espera reducir a 10 días el plazo que tienen los inquilinos morosos para abonar las rentas impagadas.

Fuentes del Ministerio explicaron a Efe que ese anteproyecto se sometió a información pública desde el pasado 16 de junio hasta el 9 de julio