El TSJM había interrumpido el proceso de externalización para estudiar un recurso del PSM, que alegó que una corrección en los pliegos de licitación que rebajaba el importe de la garantía que debían pagar las empresas licitadoras había afectado a la libre competencia.
Licitadores
La corrección de la Consejería de Sanidad consistió en añadir el término «anual» al importe de la garantía que debían depositar las licitadoras, que pasaba así del 5 por ciento del importe global del contrato al 5 por ciento del importe anual del mismo, con lo cual la cifra a depositar por las empresas concursantes se reducía a una décima parte.
El auto judicial declara la inadmisibilidad del recurso al entender que, «en efecto», los recurrentes «ni tienen la condición de licitadores que pudieran participar en la convocatoria, lo que sí les otorgaría la legitimación para impugnar la misma», ni pueden apelar a un «interés abstracto» como simples usuarios y en defensa de una legalidad que no les corresponde».
Por último, el TSJM indica que la inadmisión del recurso deja sin efecto las medidas cautelares, sin perjuicio de cualquier otra medida cautelar que pueda adoptarse respecto de la misma resolución administrativa.
Tras conocer el auto, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha opinado que el TSJM «no solo levanta la suspensión y permite que siga avanzando» la externalización de seis hospitales, sino que «rechaza por entero el recurso del PSM, con todos sus argumentos incluidos».
Según Lasquetty, el tribunal «da la razón al Gobierno regional» en que el recurso del PSM es «absolutamente político e ideológico», ya que intentaban «trasladar el debate político a los tribunales, haciendo un uso partidista de la justicia», motivo por el cual, el recurso ha sido rechazado.
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