Duran i Lleida, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha considerado la marcha del fiscal una «decisión grave» por la que el Gobierno debería dar explicaciones «al máximo nivel», para lo que CiU está en contacto con otros grupos para ver si presentan en bloque la petición de comparecencia.
«La dimisión es fruto de las desavenencias que ha habido entre el Gobierno y el hasta ahora fiscal, que se pusieron de relieve en todo lo que hace referencia al desarrollo de las consecuencias jurídicas del proceso de participación del 9 de noviembre en Cataluña», ha concluido el portavoz de CiU.
La «mejor prueba de las desavenencias», según Duran i Lleida, es que mientras el Gobierno anunciaba la interposición de una querella por la consulta del 9N a través de la presidenta del PP Catalán, Alicia Sánchez-Camacho, el fiscal pospuso su presentación.
A su juicio, aunque el fiscal depende orgánicamente del Gobierno, tiene autonomía que «por acción del Gobierno ha sido distorsionada».
«Estamos ante un caso grave en el Estado de Derecho», ha sentenciado.
Duran i Lleida ha recordado que Torres-Dulce defendió la querella porque fue su autor, pero ha insistido en que su dimisión deja ver que «ha habido, sin dudas, más contenidos políticos que no contenidos penales».
El diputado de CiU ha remarcado que los conflictos políticos se resuelven con «diálogo y no con el Código Penal».
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