El juzgado ha acordado asimismo prolongar el secreto del sumario un mes más, hasta el próximo 14 de marzo, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
La prórroga del secreto también se extiende a la pieza separada abierta para investigar y, en su caso, enjuiciar, el blanqueo.
El juez ha intervenido inmuebles, vehículos y ha ordenado el bloqueo de diversos productos bancarios propiedad de los investigados para su comiso en caso de condena.
La investigación de Instrucción 18 se centra en Imelsa (empresa pública de la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales desde 2003.
En el marco de este caso se investiga a 80 personas (políticos del Partido Popular, asesores y empresarios) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales.
Hoy han prestado declaración ante el juez 3 de los 49 investigados por el supuesto delito de blanqueo, se trata de tres asesores del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de la capital, uno de los cuales se ha negado a declarar.
Al igual que los concejales y exconcejales que han declarado hasta el momento, todos mantienen la condición de investigados (imputados en la anterior legislación).
Mañana será el turno de los exconcejales Vicente Aleixandre y Francisco Lledó, de la actual concejal María Jesús Puchalt, y de otros cuatro asesores.
El jueves comparecerán en la Ciudad de la Justicia los exconcejales del PP Vicente Jurado e Irene Beneyto, además de siete asesores, y el viernes están citados los también exconcejales Emilio del Toro y Ramón Isidro, junto a otros dos investigados.
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