Sánchez y Rivera firman el pacto para un gobierno «reformista y de progreso»

Este compromiso forma parte del acuerdo firmado entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para facilitar la investidura del líder de los socialistas como presidente del Gobierno.

Los dos partidos incluyen este principio en el último de los siete capítulos que engloba el acuerdo, que se refiere a la reforma de la Constitución «para asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal de la organización territorial» del Estado.

El PSOE y Ciudadanos defienden que es necesario «remodelar» el Estado para «un nuevo largo periodo de convivencia» que garantice «el progreso, la paz social, la estabilidad política y la solidaridad territorial» de los españoles.

En concreto, defienden que la Carta Magna «dejó abierto» el modelo territorial, por lo que ahora «hay que regular constitucionalmente lo que en 1978 se quedó sin precisar, actualizando y relegitimando» el modelo para «mejorar la convivencia entre españoles».

Y Ciudadanos acepta la apuesta del PSOE por el federalismo, ya que se compromenten a revisar el Título VIII de la Constitución para «desarrollar el concepto de Estado federal», tal y como proponían los socialistas.

El perímetro de la reforma constitucional

Este es uno de los siete puntos que marca el documento como el «perímetro» de la reforma constitucional que quieren impulsar. Los otros seis hablan de reconocer como derechos fundamentales derechos sociales e incluir garantías sobre su dotación presupuestaria; suprimir la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona; revisar el sistema electoral; modificar la composición y funciones del Senado e incorporar el «hecho» Unión Europea al ordenamiento constitucional.

Además, y en el marco de este acuerdo, el PSOE y Ciudadanos aprovechan para «manifestar su permanente e inequívoco compromiso compartido con la unidad e integridad de España y la defensa del orden constitucional».

Y se comprometen a «oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España.

Por lo que se refiere al modelo de Estado al que quieren avanzar, además de hablar de desarrollar el «concepto de Estado federal», al hablar de la revisión del Título VIII de la Carta Magna aseguran que quieren «incorporar las denominaciones de las comunidades y ciudades autónomas» y «garantizar la igualdad de trato de todos los españoles, sea cual sea su comunidad de origen o residencia».

El procedimiento para la reforma constitucional se ajusta a lo previsto por el PSOE en el documento que envió el 8 de febrero a todas las fuerzas políticas. Así, los firmantes se comprometen a crear, en el plazo de un mes, una subcomisión para la reforma de la Carta Magna en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso.

Su función será la de proceder, durante un período de seis meses, a sesiones de audiencia que posteriormente permitan la presentación de un acuerdo sobre el «perímetro» pactado de la reforma. Al finalizar los trabajos de la Subcomisión, se procederá al nombramiento de una Ponencia Constitucional para que pueda iniciar la redacción de un proyecto a inicios del año 2017.

Corrupción
El PSOE y Ciudadanos se han comprometido a no incorporar a sus listas electorales a personas investigadas -figura actual para denominar a los imputados- por delitos de corrupción y a cesar a los que, desde la firma de este documento, pasen a esa situación judicial y la Fiscalía lo mantenga.

En este acuerdo, los dos partidos se comprometen a trabajar para poner en marcha «medidas urgentes de carácter preventivo, de control y sanción» que, entre otras cosas, garanticen que se proceda al cese de altos cargos «cuando se les abra juicio oral por algún delito doloso». Además, quieren que se suspenda a concejales y parlamentarios a los que se abra juicio oral por las mismas razones.

Pero, al margen de esto, Ciudadanos y el PSOE han llegado a un «pacto complementario» en materia de lucha contra la corrupción que pone un listón más exigente.

Así, se comprometen a no incorporar a las listas electorales ni proceder al nombramiento de altos cargos, a partir de la fecha del acuerdo, de personas con la condición de investigadas a iniciativa del Ministerio Fiscal por delitos relacionados con la corrupción que impliquen enriquecimiento para el afectado.

De la misma manera, se comprometen a «cesar a los altos cargos y pedir el acta a los cargos electos que, a partir de la fecha de este acuerdo, pasen a situación de investigados mantenida por el Ministerio Fiscal por delitos relacionados con la corrupción.

Abel Caballero y Basteiro, exluidos
Así, quedarían excluidos de una posible destitución el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, -imputado en la operación Patos- y el secretario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que a pesar de estar imputado podría incluso ser el candidato del PSOE a presidir la Xunta de Galicia.

Eso sí, ambos partidos han prometido que suprimirán el aforamiento de diputados, senadores y miembros y miembros de asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

Respecto a las puertas giratorias, quieren fijar un periodo de incompatibilidad de cinco años para altos cargos que pretendan incorporarse exnovo a empresas, a fundaciones o entidades dependientes de ellas, de un sector sobre el que no tenían experiencia profesional previa o sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión.

Según consta en el documento, también pretenden regular el acceso al ejercicio de representación de intereses e influencia en la política (Lobby), para evitar la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias.

Financiación ilegal
Además, se comprometen a revisar el delito de financiación ilegal de partidos políticos «rebajando significativamente la cuantía mínima» de los supuestos con penas de prisión y tipificar la manipulación de cuentas anuales de los partidos políticos.

Entre las medidas de represión que contemplan, está la revisión de los delitos contra la Administración Pública «definiendo mejor las conductas contrarias a la ley e incrementando las penas para los delitos cometidos por funcionarios o autoridades públicas».

Asimismo, apuestan por tipificar el delito de «enriquecimiento injusto» así como la figura del testaferro de cara a estructuras societarias u organizaciones sin otro fin que actuar en el mercado encubriendo el fraude y la corrupción.

En esta línea, quieren revisar las medidas administrativas y penales contra el fraude fiscal, el fraude de subvenciones y el fraude a la Seguridad Social. En relación con esto, apuestan por dotar de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, especialmente a la Fiscalía Anticorrupción y las fiscalías provinciales.

Y para favorecer el afloramiento de casos de corrupción, se definirán atenuantes específicas para los supuestos de autodenuncia para más delitos y regulará la protección de quien denuncia prácticas corruptas e ilegales.

Además, quieren prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción y asegurar que la persona condenada por un caso de corrupción responde con bienes patrimoniales.

En cualquier caso, el acuerdo de PSOE y Ciudadanos contempla también medidas de control así como la creación de una Oficina Anticorrupción con competencia para revisar las actuaciones y procedimientos así como establecer la obligación de colaboración con el Tribunal de Cuentas, organismo al que quieren ampliar el poder.

Deberes y obligaciones de cargos públicos
En las medidas con las que ambos partidos quieren «revisar» los deberes y obligaciones de los funcionarios y cargos públicos, incluyen establecer un solo formato de declaración de bienes y patrimonio; y las normas reguladoras de los conflictos de intereses.

De forma más concreta, van a exigir a los miembros del Gobierno y a altos cargos de la Administración la presentación de una certificación de Hacienda sobre su situación patrimonial y comprobar que están al corriente de sus obligaciones fiscales.

Y quieren acometer una reforma de la Administración General del Estado y del Gobierno para que actúen «conforme a criterios de publicidad y transparencia». Asimismo, se marcan como objetivo la puesta en marcha de planes de prevención contra la corrupción en todas las administraciones.

Contratación pública
De manera más específica, se comprometen a revisar las normas de contratación pública para que cumpla con los principios de concurrencia, neutralidad, transparencia y buena gestión. En este sentido, quieren restringir las posibilidades de contratación directa con el sector público y de utilización del procedimiento negociado sin publicidad.

Concretamente, defienden la rotación periódica del personal responsable de la realización de los informes técnicos para la adjudicación de contratos o la concesión de subvenciones y que en las licitaciones superiores a 300.000 euros las sesiones de las Mesas de Contratación sean públicas.

Asimismo, quieren eliminar de dichas mesas de contratación la presencia de cargos electos y altos cargos así como en los órganos similares que intervengan en la propuesta de concesión de subvenciones.

Reforma de la Ley de Transparencia
Ciudadanos y PSOE se comprometen a modificar la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno para introducir obligaciones específicas de transparencia a las entidades que prestan servicios públicos, entre otras cosas, informaciones relativas a contratación e inventario de bienes inmuebles.

Asimismo, quieren que el Consejo de la Transparencia sea un órgano «realmente independiente» y que su presidente sea ratificado por mayoría cualificada del Congreso y sus miembros representantes de la sociedad civil.

En relación con las subvenciones, en aras de su transparencia, abogan por establecer «la nulidad» de las subvenciones, bonificaciones, ayudas y contratos con las Administraciones Públicas así como la obligatoria restitución e indemnización por daños y perjuicios cuando se hayan obtenido «por conductas de sobornos o vinculadas a cualquier otro tipo de modalidades de corrupción».

Y se comprometen a revisar las normas reguladoras de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales, fundaciones públicas.

Por otro lado, pretenden aprobar una ley de Secretos Oficiales que encomiende la declaración de secreto exclusivamente al Gobierno y defina con precisión los asuntos protegidos por dicha norma.