Estas son las principales novedades que figuran en el apartado de reforma de la Justicia del «Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso» que han firmado hoy en el Congreso el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
Ambos partidos apuestan por revisar y derogar buen parte de las reformas más polémicas que han sido impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la pasada legislatura, entre ellas, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las Tasas Judiciales y la Ley de Seguridad Ciudadana.
Sobre esta última, los socialistas se habían comprometido a derogarla pero el acuerdo de gobierno sólo hace referencia a una reforma para «revisar los preceptos recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos que reconocen facultades excesivas de intervención de las fuerzas de seguridad».
En cambio, sí que pretenden derogar la prisión permanente revisable y el delito de coacción a la huelga que figuran en el Código Penal, que fue aprobado con el rechazo de todos los partidos salvo el PP y que ambas formaciones revisarán con carácter general, con especial énfasis en las penas relativas a los delitos que afectan al conjunto de la sociedad, como contra la Hacienda Pública, la ordenación del territorio, el medio ambiente y el urbanismo.
Además, quieren reducir de 20 a 10 el número de vocales del Consejo General del Poder Judicial y corregir sus funciones, lejos de la supresión que incluía Ciudadanos en su programa electoral, que posteriormente matizó tras el terremoto que generó en los jueces con un plan B, que establecía el nombramiento de los doce vocales entre jueces y magistrados sin intervención de las Cortes.
Con carácter inmediato, pretenden eliminar los plazos de instrucción que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que provocaron un choque frontal de jueces y fiscales con el Ejecutivo puesto que tienen hasta el próximo 5 de junio para revisar 650.000 causas abiertas en España, bajo la amenaza de tener que archivarlas o verse forzados a abrir juicio sin suficientes pruebas.
Igualmente, PSOE y Ciudadanos confían en impulsar uno de los giros más esperados en la judicatura en los últimos años: la atribución de la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal, como así defendía Ferraz en su agenda electoral.
Esta idea fue barajada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y figuró en los planes del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, aunque finalmente fue descartada.
También abordarán la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, como incluía el programa de los socialistas, y modificarán el nombramiento del Fiscal General del Estado, que deberá ser respaldado por una mayoría de 3/5 ante la Comisión de Justicia del Congreso, en línea con la propuesta electoral de Ciudadanos.
El acuerdo contempla la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del sistema de justicia gratuita «para dotarlo de medios suficientes», la derogación de las tasas judiciales para las pymes, el despliegue territorial de la oficina judicial y la creación de los tribunales de instancia.
Asimismo, plantean un Pacto de Estado con el objetivo de alcanzar las ratios medias en los países comunitarios en relación con medios personales y materiales de los juzgados y tribunales.
Por último, proponen fortalecer los derechos de los consumidores con un sistema real de segunda oportunidad que mejore el régimen jurídico de la insolvencia de los deudores, con protección de la vivienda habitual frente a los desahucios por las entidades financieras, así como la revisión del régimen jurídico de las cláusulas y préstamos abusivos y eliminación de las cláusulas suelo.
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