A preguntas de los letrados de la acusación, Azaola, que ha comenzado su declaración a las 12.00 de este mediodía, ha recalcado que el informe -que suma un total de 12,5 millones de euros por desembolsos efectuados entre 2003 y 2012- pone de manifiesto que el gasto que se hizo con la Visa por parte de los acusados generó un «quebranto» a la entidad nacionalizada.
Azaola, que en su intervención inicial ha defendido que la veracidad de la hoja Excel de Bankia y ha negado cualquier manipulación de la misma, ha añadido que este documento incluye los datos tal cual los obtuvo de la entidad nacionalizada.
A la vuelta del receso que el tribunal ha hecho a la hora de la comida, el auditor ha hecho hincapié en que no existe ningún apunte contable en la hoja Excel, contradiciendo así la postura de los encausados, que durante su declaración ante el tribunal que preside Angela Murillo, se negaron a reconocer el documento.
Además ha dicho en esta novena sesión de juicio y primera dedicada a la ronda de testificales, que la auditoría puso de manifiesto que no se encontró un procedimiento que justificase la emisión de las tarjetas, por lo que se llevó a cabo sin seguir los cauces establecidos en la entidad.
«Pregunten a Sánchez Barcoj»
«Todo está centrado en el señor Sánchez Barcoj», ha dicho el testigo a preguntas de Jesús Castrillo, abogado del que fuera el director general de Auditoría y Medios de Caja Madrid, a quien responsabiliza de la emisión de las tarjetas. «Pregúntele a él y le dirá lo que falta por saber porque yo no lo sé», ha recalcado haciendo hincapié en que no consta información documental sobre esta práctica.
La presidenta del tribunal, Angela Murillo, se ha visto obligada a interrumpir en numerosas ocasiones a los letrados de los acusados, que insisten en conocer la contabilidad de la hoja, si bien Azaola ha recalcado que no existe ningún apunte contable en la misma (la cual refleja datos desde 2003). «Estamos continuamente intentando mezclar», ha protestado el auditor.
La totalidad de los encausados se ha negado a reconocer los gastos que se les atribuye en dicha prueba pericial, que impugnaron en las dos sesiones dedicadas a las cuestiones previas, argumentando que no reflejan datos fidedignos y que no aportan información completa de las compras.
«Puede haber errores»
El director corporativo de auditoría de Bankia, que ha sido el segundo testigo en someterse a las preguntas de las partes tras la comparecencia del exconsejero delegado de la entidad, Francisco Verdú, ha argumentado que puede que la hoja incurra en algún error en lo que se refiere a que se deje de sumar un importe de una compra determinada y se refleje en otra cuenta, pero le ha restado trascendencia asegurando que de producirse, han sido errores «de cuantía mínima».
Azaola por su parte ha explicado que se obtuvo una serie de información sobre las compras -siempre relativas a los ejercicios posteriores a 2003- y escogió datos concretos como la hora del cobro, el importe o el asunto del mismo porque consideró toda esa información (extraída del archivo Host de Bankia) relevante para incluir en el informe.
Los letrados han insistido mucho en conocer de dónde obtuvo la información que incluye en el documento, si pudo obtener datos sobre las tarjetas previos al año 2003 y quien le encargó la elaboración del informe.
Sobre este último punto el auditor ha dicho que él mismo dio la orden de que se iniciara una investigación sobre la cuestión después de que llegara a sus manos tres listados en los que figuraban unas tarjetas asociadas a unos nombres que, tras ser estudiadas, reflejaron que su emisión no había sido autorizada por los órganos de la caja competentes para ello.
El tribunal de la Audiencia Nacional celebra esta novena sesión de juicio -primera dedicada a la ronda de testificales- para esclarecer si los 65 encausados, entre los que se encuentran una nutrida representación de políticos, líderes sindicales y empresarios, cometieron delito continuado de apropiación indebida y administración desleal, como le atribuye el Ministerio Público y la acusación popular, respectivamente, por el uso presuntamente fraudulento de sus plásticos.
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