En su intervención en la VI Conferencia de Presidentes, la presidenta madrileña ha pedido un nuevo modelo de financiación que sea «sencillo y transparente» y que no tenga «retorcimientos estadísticos». Además, ha apostado por que nazca «con vocación de permanencia», por lo que ha abogado por que se apruebe «con el mayor consenso posible».
La popular considera que el actual sistema es «perjudicial». En el caso de Madrid, ha indicado que es la región «que más recauda y la más solidaria con el conjunto nacional» aportando el 78 por ciento de los recursos del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales; pero su financiación total por habitante ajustado acaba siendo «inferior a la media de las comunidades de régimen común».
Sus condiciones para este nuevo modelo son, en primer lugar, la «transparencia en la negociación y en la aplicación posterior del sistema"; en segundo, la irrenunciable solidaridad entre regiones» y en tercero, la «necesaria vinculación entre el principio de suficiencia y el de solidaridad para asegurar una similar prestación de servicios públicos esenciales en todas las comunidades autónomas».
Aboga también por reducir las actuales diferencias en la financiación per cápita; por revisar el principio de lealtad institucional para que la aplicación de normas estatales venga acompañada de los recursos necesarios y por tomar en consideración las políticas económicas para que el sistema «no desincentive a las regiones más dinámicas», que ven que «una mayor recaudación no reporta un aumento de la financiación». A su juicio, «existe un amplio margen de negociación para alcanzar un acuerdo».
«La Comunidad de Madrid va a trabajar para que ese entendimiento sea posible. Y lo vamos a hacer ofreciendo no solo soluciones, sino también lealtad», ha lanzado Cifuentes, quien ha precisado que se trata de lealtad al interés general de los madrileños, pero también a las demás comunidades autónomas, al Gobierno, a la Constitución y a la Nación española, porque considera que las comunidades autónomas no pueden ser «barreras que dividan y separen a los españoles».
En este punto, ha remarcado que «si 2016 ha sido el año del bloqueo» las comunidades autónomas pueden conseguir que 2017 «sea el año en que se articulen las soluciones necesarias para dar un nuevo impulso al Estado social, promoviendo, además, un mayor bienestar para todos los españoles y consiguiendo una España mejor».
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