Algunos vecinos de Canamunt han emprendido una campaña en contra de la actividad del alquiler turistico. | Redacción Local

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Defender unos alquileres justos, estables y asequibles, combatir el abuso inmobiliario y reclamar una regulación son los objetivos del primer Sindicato de Inquilinos (Sindicat de Llogaters), que se ha presentado públicamente en Barcelona, donde hay más de 200.000 familias que viven de alquiler.

«Los salarios bajan y la especulación nos ahoga y nos desposee de nuestros ingresos cuando los contratos se acaban», ha denunciado uno de los portavoces del nuevo sindicato Jaume Palomera, que ha asegurado que en Barcelona aún hay 9 desahucios diarios, de los que un 83 % son por impago del alquiler.

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El sindicato ha surgido por el incremento de los precios de los alquileres, que en el último año ha subido de media un 9 %, y en Barcelona ya se sitúa en una media de 801 euros mensuales por un piso pequeño.

Palomera ha instado a derogar la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU), que en 2013 redujo la duración mínima de los contratos de alquiler de cinco a tres años, para conseguir estabilidad de los contratos del alquiler y evitar «desahucios invisibles» de los inquilinos a los que se les acaba el contrato.

Otra de las portavoces, Irene Sabaté, ha pedido la implicación al Ayuntamiento de Barcelona para trabajar en un índice de referencia vinculante que evite la expulsión de los vecinos de sus viviendas y ha reclamado priorizar el uso residencial de las viviendas por encima de cualquier otro, como el financiero -como inversión- o el turístico.