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La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los dos miembros de la Mesa que han declarado ya ante el juez del Supremo Pablo Llarena han acatado la aplicación del artículo 155 en Cataluña y han dicho que la declaración de independencia del 27-O tenía «carácter simbólico».

Fuentes presentes en la comparecencia han informado a Efe del contenido de las declaraciones prestadas ante Llarena por Forcadell, Lluis Corominas y Lluis Guinó, quienes han accedido a responder a todas las preguntas de la Fiscalía, un evidente cambio de estrategia de defensa respecto a la que han mantenido en el pasado.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, apuntó esta semana que las medidas cautelares que la Fiscalía pediría contra los investigados por el Supremo dependerían de su declaración y, respecto a la prisión provisional para los exconsellers del Govern, sugirió que si hubieran acatado la Constitución y el 155 «a lo mejor alguna cosa hubiera cambiado».

Otras fuentes, del entorno de Forcadell, han informado de que la presidenta ha defendido ante el juez que el Tribunal Constitucional «no puede actuar de forma previa como filtro o censura, sino que en todo caso lo hace a posteriori».

Según estas fuentes, Forcadell ha añadido que «siempre ha permitido el debate sin perjudicar el resultado ni controlar el contenido, con el fin de preservar el derecho a la actividad parlamentaria y el debate libre».

También ha afirmado que «evitar un debate parlamentario habría sido un incumplimiento de la legalidad aplicable a la Mesa del Parlament, de la legalidad internacional y de los principios del Estado democrático».

Forcadell, aseguran, ha defendido que «ha cumplido con sus funciones como presidenta defendiendo la soberanía del Parlament y los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados».

Ha explicado asimismo que como presidenta no puede hacer un control «de fondo» de las iniciativas parlamentarias y que no puede impedir votaciones.

Finalmente, ha indicado, según las fuentes, que «ha defendido el pacifismo en todas las movilizaciones y proyectos políticos» porque esta vía «es la única posible para hacer realidad los proyectos políticos».

Tras la declaración de los tres primeros investigados se ha celebrado un receso y acto seguido ha comenzado a declarar Anna Simó, ex secretaria primera de la Mesa y diputada de ERC, y después de ella Ramona Barrufet, ex secretaria cuarta de la Mesa y diputada de JxS, y Joan Josep Nuet, ex secretario tercero de la Mesa y exdiputado de Catalunya Sí Que Es Pot.

Forcadell y los otros diputados (todos, menos Nuet, están aforados al ser miembros de la Diputación Permanente) ya acudieron a declarar en el Supremo hace una semana, pero el juez aplazó las citaciones para que pudieran estudiar la causa, y desde entonces todos ellos se han mantenido bajo vigilancia policial .

Los seis están siendo investigados a raíz de una querella de la Fiscalía que les acusa de acordar admitir a trámite las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica (en el pleno del 6-7 de septiembre) y la resolución de independencia que se aprobó el pasado viernes 24 de octubre.

La Fiscalía les acusa de persistir «en su conducta de radical oposición a la Constitución» y de desoír las advertencias de los servicios jurídicos de la Cámara para admitir a trámite las leyes «siendo plenamente conscientes de su palmaria y evidente inconstitucionalidad».

En el caso de Forcadell, la querella afirma que posibilitó la aprobación de las leyes «haciendo tabla rasa de los derechos de los diputados disidentes» y en una «arbitraria interpretación del Reglamento» del Parlament.

Nuet ha pedido que se archive su imputación alegando que, en contra de lo que dice la querella, se abstuvo en la ley de transitoriedad y votó en contra de la resolución de independencia.

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