Agentes de la policía nacional intentan retirar a los concentrados en el instituto IES Tarragona. Las cargas policiales ante los colegios electorales y el insólito modo de votación están marcando la jornada del 1-O en Cataluña. | Efe

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A un mallorquín, palmesano de Sant Jordi, le ha caído una enorme responsabilidad encima. Es juez instructor. Se llama Francisco Miralles Carrió y a su juzgado, el 7 de Barcelona, le ha tocado instruir los hechos del uno de octubre, el día del referéndum ilegal convocado por la Generalitat, que acabó con sucesivas cargas policiales y cerca de mil heridos, contusionados y atendidos por ataques de ansiedad, según el Colegio de Médicos de Barcelona.

Francisco Miralles Carrió, de 44 años, tiene su domicilio en una localidad cercana a Barcelona, pero regresa a menudo a Sant Jordi, donde viven su madre y su hermano. Es normal verle en una panadería o paseando por el núcleo de su infancia y juventud. Es muy conocido en este tradicional núcleo, que pertenece a Palma pero conserva su personalidad de entidad diferenciada y con personalidad propia, entre la antigua dedicación agrícola de buena parte de la población y su proximidad a Son Sant Joan.

Miralles fue un muy brillante estudiante de Derecho y sacó muy pronto las oposiciones a la judicatura. Siempre se mantuvo neutral en materia política. En su primera juventud se le recuerda como un chico serio y centrado en los libros. Se le considera un profesional muy técnico y neutro. Entre sus parientes de Sant Jordi de segundo y tercer grado hay profesores e incluso un concejal de Cort,

Miralles dictó el mismo octubre un auto que ya fue objeto de debate político y jurídico. Por un lado rebajó el número de heridos a 130, pero por el otro indicó a Fiscalía que no minimizase los hechos. Su auto apunta una clara intención de llegar al fondo de la cuestión, cumpliendo así su auténtico cometido: el máximo esclarecimiento posible de los hechos. Este mallorquín indaga el contenido de la protesta, si fue pacíficas y si todas las actuaciones fueron las correctas. Afirma que el referéndum fue ilegal pero, en principio, respetando la decisión de los votantes a acudir a un acto ciudadano. Se trata de una instrucción jurídicamente complejísima, incluido decidir si se entorpeció o no el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, y por parte de quién se produjo este posible entorpecimiento.

El trabajo de este juez se está siguiendo con enorme intención desde diferentes ámbito estatales y políticos. Observan como instruye este santjordier discreto, calmado, sereno y muy celoso de la calidad técnica de su tarea y de su deber.