Aprobada la puesta en marcha de la prescripción enfermera

La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha anunciado la entrada en vigor del nuevo real decreto que regula la prescripción médica y que permite a los enfermeros vacunar sin necesidad de la autorización previa de un médico.

Se trata de una vieja reivindicación del Consejo General de Enfermería y del Sindicato de Enfermería SATSE, que habían reclamado a la exministra de Sanidad Carmen Montón el pasado mes de julio la aprobación de esta norma antes de la campaña de vacunación de la gripe que en estos días comienza en varias comunidades autónomas.

Este real decreto, al que el Gobierno concede «bastante importancia», según ha asegurado Celaá, aporta «seguridad jurídica» al manejo de medicamentos que el colectivo de enfermería usa habitualmente en su trabajo de asistencia al paciente, como es el caso de las vacunas.

Celaá ha destacado que la norma ha sido fruto de un acuerdo tomado con el sector de la enfermería.

«Sabemos que tenemos aquí un colectivo, el de enfermería, muy cualificado y queremos que efectivamente ayude al profesional médico prestando toda su colaboración desde esa cualificación alta que tiene nuestro sector de enfermería que se nos disputan en muchos lugares de Europa», ha dicho Celaá.

Esta norma afecta a los medicamentos sujetos a prescripción médica y se desarrolla «con marcado carácter colaborativo» a través de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial.

Hasta octubre de 2015, fecha en la que el Gobierno aprobó el real decreto de prescripción, la vacunación era gestionada directamente por los enfermeros siguiendo los protocolos establecidos por cada una de las comunidades.

Desde esa fecha, y dado que las vacunas son medicamentos de prescripción médica, estos profesionales no podían administrar una vacuna sin el diagnóstico e indicación previa del médico, ya que estarían incurriendo en un delito de intrusismo profesional.

Así, los enfermeros debían comprobar que cada paciente había pasado previamente por el médico y si éste había realizado la correspondiente receta individualizada, lo que provocaba -según sostenían- «retrasos y colapsos» en la atención sanitaria.

El real decreto permitirá a estos profesionales recuperar la seguridad jurídica en su actuación en el ámbito de los medicamentos sujetos a prescripción médica.