TW
1

La Fiscalía ha archivado la investigación que abrió a los Mossos d'Esquadra por no desalojar a los activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) que en diciembre pasado cortaron durante 15 horas la autopista AP-7, al entender que lo hicieron para evitar «el riesgo» que podría conllevar una actuación «contundente».

En su decreto de archivo, a que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía de Tarragona acuerda archivar las diligencias que abrió el pasado 11 de diciembre, después de que un grupo de activistas de los CDR mantuviera cortada la AP-7 a su paso por L'Ampolla (Tarragona) durante cerca de quince horas, coincidiendo con el puente de la Constitución.

La protesta de los CDR, que acabaron por desconvocar la concentración ya de madrugada, ocurrió en plena polémica por las críticas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a los Mossos d'Esquadra a raíz de las cargas policiales contra grupos de manifestantes que intentaban boicotear actos de Vox en Girona y Terrassa (Barcelona) el Día de la Constitución.

El sindicato USPAC, que pidió personarse en las diligencias abiertas por la Fiscalía pera pedir el archivo de la causa, ha celebrado la decisión del ministerio público y ha subrayado que defenderá «siempre, allí donde haga falta, la profesionalidad» de todos los agentes del cuerpo, pese a que el Departamento de Interior «se encargue de hacer todo lo contrario».

Tras recabar los informes de los Mossos d'Esquadra sobre su actuación ante el bloqueo de la autopista y el atestado de la Guardia Civil, la fiscal María José Osuna descarta que hubiera «inacción» por parte de la policía catalana y concluye que los efectivos de que disponían en la zona eran «insuficientes» para abordar el desalojo.

En opinión de la fiscal, la actuación de los Mossos «estuvo en consonancia con los efectivos de los que disponían, al tiempo que fue consecuente con la valoración del riesgo para las personas que una actuación más contundente podía conllevar».

Según el ministerio público, al iniciarse la concentración los efectivos de la policía catalana eran «claramente insuficientes» para impedirla y, una vez asentados los manifestantes, tampoco eran bastantes para «garantizar una actuación sin consecuencias» tanto para los propios agentes como para los ciudadanos que se encontraban «retenidos» en el lugar.

«No dispersaron a los concentrados mediante el uso de la fuerza, ante el riesgo que ello conllevaba debido a la falta de efectivos, la presencia de otros muchos ciudadanos en el lugar y de numerosos vehículos que se encontraban parados sin poder maniobrar con facilidad», concluye la fiscal de Tarragona.

Por ese motivo, el ministerio público considera que «no existen indicios de acción delictiva alguna» en la conducta de los Mossos d'Esquadra, «sin perder de vista los enormes perjuicios y molestias que sufrieron los usuarios de la autopista AP-7 como consecuencia del corte de la misma por parte de los CDR».