Te ofrecen un empleo sin aclararte las condiciones, te quitan los documentos para meterlos en «un lugar seguro», te obligan a dormir y trabajar en el mismo sitio o te impiden hablar con tu familia... Son algunas de las señales que avisan de un posible caso de explotación laboral.
La Guardia Civil y la asociación A21 han aprovechado el Día Mundial contra la Trata que se celebra este martes para lanzar una campaña de sensibilización contra una práctica de la que no se libra ningún país del mundo, tampoco España, ha recalcado en rueda de prensa el capitán del Grupo de Delitos contra Personas Vicente Calvo.
En lo que va de año, el instituto armado ha realizado 952 inspecciones en lugares susceptibles de producirse explotación laboral, ha informado de sus derechos a un total de 5.056 personas y se han llevado a cabo 20 investigaciones. Como resultado, ha liberado a 68 víctimas y ha detenido a 38 autores.
Desde 2010, ha realizado 13.678 actuaciones contra la explotación laboral, ha informado de sus derechos a 87.588 personas y ha detenido a otras 2.096 en 625 investigaciones; en total, ha liberado en este tiempo a 2.916 víctimas.
Una de ellas es un ciudadano portugués que fue vendido para trabajar en una campaña de recolección agrícola.
«Parece mentira que en España, en el siglo XXI, hayamos encontrado una víctima que había sido vendida en Portugal», ha censurado en declaraciones a los medios el capitán, que ha señalado que «las ventas de personas no suelen ser habituales», sino que la tónica es que «las traigan de su entorno, las trasladen, las alojen y las exploten».
Las víctimas, como este ciudadano portugués del que no ha dado más datos, suelen «asumir sus circunstancias» y no son «conscientes de sus derechos», de ahí la campaña que la Guardia Civil ha presentado con A21 para dárselos a conocer.
Así, han recopilado en el documento 'Passport to indicators of trafficking' once señales de que pueden alertar de la existencia de un caso de trata, que van desde recibir ofertas de empleo sin explicar las condiciones y de hacerse cargo del viaje y del alojamiento, a quitar los documentos bajo la promesa de meterlos en «un lugar seguro» o tener propuestas laborales de un desconocido.
También ser obligado a dormir y trabajar en el mismo sitio o a hacer un trabajo que no se desea hacer, que se les impida comunicarse con otras personas, sufrir malos tratos físicos o verbales, no tener acceso a descansos o que se retenga parte de dinero o directamente no se cobre.
En formato pasaporte y redactado en nueve idiomas, el folleto se distribuirá en «puntos calientes» como puertos, aeropuertos, zonas de explotación agrícola o clubes de alterne.
Y estará dirigido a víctimas y a ciudadanos en general porque, en palabras de la presidenta de A21 en España, Loida Muñoz, «hay mucha falta de información y es un crimen muy difícil de entender: nos cuesta empatizar con la víctima porque desconocemos la historia que hay detrás».
Desde esta organización, que cuenta con 14 oficinas en 12 países y lleva 16 meses en España, atienden en su inmensa mayoría casos de víctimas extranjeras, aunque también han conocido otros de «personas captadas en España y llevadas a otro país».
«Es una minoría porque no somos país de origen, pero entendemos que es mejor prevenir e informar porqué nadie está exento, y con las redes sociales se hace mucho más fácil captar victimas en nuestro país», ha concluido.
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