En una providencia fechada el 10 de septiembre, el alto tribunal señala que congela dicha tramitación hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva varias cuestiones prejudiciales presentadas por juzgados de primera instancia de toda España.
La fecha prevista para que el abogado general del TJUE presente su informe es el 12 de diciembre, aunque la sentencia se conocerá ya en 2020.
En diciembre de 2017, el TJUE decidió que la restitución de las cláusulas abusivas debía producirse a partir de la firma del contrato, aclarando que los efectos económicos de la sentencia del Supremo del 9 de mayo de 2013 sobre este mismo asunto no se limitaban a esta última fecha, sino a toda la vida de la hipoteca.
A partir de entonces, muchos titulares de un préstamo hipotecario firmaron con sus bancos acuerdos para modificar sus contratos, bien en el propio banco o a través de un notario. Y lo que ahora ha puesto en suspenso el alto tribunal español es la tramitación de los recursos presentados por los clientes que novaron su hipoteca, ya que si se anula una cláusula abusiva se considera que no existe, por lo que no se puede renegociar.
En opinión de la presidenta de Asufín, Patricia Suárez, con esta decisión el Supremo, que cuenta con «excelentes juristas» que han defendido en muchas ocasiones al consumidor, demuestra que «tiene miedo», lo que le lleva a hacer «política económica y no normas ajustadas a derecho».
En otras ocasiones, añade, lo que ha hecho es «legislar, lo que no está del todo mal», aunque ello no repercuta en beneficio de la seguridad jurídica.
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