Imagen de la sede del Tribunal Constitucional (TC), en Madrid. | Efe

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La Guardia Civil ha detenido al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés, por un presunto caso de violencia de género, según han informado varios medios de ámbito nacional.

Este martes al mediodía ha sido puesto en libertad tras declarar ante el juez, han informado a Efe fuentes de la investigación.

Según esta información, el arresto de Valdés, a cargo de agentes de la Benemérita se ha llevado a cabo este martes de madrugada, en su domicilio de la localidad de Majadahonda (Madrid).

Según las cabeceras nacionales, la víctima del maltrato ha sido su esposa, y tras una primera declaración, el magistrado ha sido puesto a disposición judicial. El hecho de que, por su condición, Valdés sea aforado ante el Tribunal Supremo implica que los agentes tan solo le podían detener en caso de delito flagrante.

Fernando Valdés, de 75 años, ostenta uno de los cargos pendientes de renovación en el alto tribunal.

El juez Fernando Valdés Dal-Ré (Valladolid, 1945) fue propuesto por el PSOE al Tribunal Constitucional, cargo al que accedió desde 2012 y que debía haber sido renovado hace un año. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e inspector de Trabajo en situación de excedencia de la promoción de 1968.

Ha sido catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de las Universidades de Salamanca y Valladolid. Durante su trayectoria académica ha sido profesor asociado de las Universidades de París X (Nanterrre) y Lyon 2 (Lumière).

También fue director general del Servicio Jurídico del Estado (1986-1990), consejero de Estado durante ese mismo periodo y vicepresidente del Instituto Europeo de Juristas de Derecho Social (2004-2007). También presidió la Comisión que elaboró el anteproyecto de texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Voto particular sobre los presos del 'procés'
Valdés es uno de los cuatro magistrados, además de ponente, encargados de analizar en profundidad los recursos presentados contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'Ley Mordaza', impulsada por el Partido Popular en 2015.

Por otro lado, ha participado en la reciente sentencia dictada por el Constitucional, que exige a los jueces hacer una investigación «suficiente y eficaz» antes de acordar el archivo de denuncias por violencia de género.

Asimismo, ha sido uno de los magistrados que emitieron un voto particular contra la decisión del Pleno del TC de avalar las prisiones preventivas de los ahora ya condenados por el 'procés' independentista en Cataluña.