El encuentro ha comenzado a las 9:30 horas de este viernes en el Consolat de Mar, sede de la Presidencia del Govern Balear, y en él participan la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá; los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, y los presidentes de la CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente.
Antes, la presidenta del Govern, Francina Armengol, los ha recibido en el patio del Consolat de Mar. Después Armengol participa en la Conferencia de Presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los interlocutores sociales y el Ejecutivo abren la mesa de diálogo social para negociar la prórroga de los ERTE, aunque, según confirmó la ministra de Trabajo, no se espera que se cierre ningún acuerdo ese día. Se prevé que a las 11.30 horas Díaz y Escrivá informen públicamente del contenido de la reunión.
Recientemente, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha afirmado que habrá que estudiar en qué sectores siguen funcionando los ERTE a partir del mes de septiembre. Algunos, como el turismo, no se han recuperado de la debacle de la COVID, pero otros hace tiempo que han arrancado.
Asimismo, Calviño considera que los ERTE deben ir transformándose desde el instrumento «de choque» que son actualmente a una herramienta asociada a la formación y recualificación de los trabajadores, muy al estilo alemán, una opinión que se comparte desde los sindicatos.
Según la ministra de Trabajo, los trabajadores en ERTE «están localizados en sectores muy concretos». Los sindicatos, más que restringir esta herramienta por sectores, prefieren restringir o vigilar las causas de estos procedimientos.
Sobre el plazo hasta el cual podrían extenderse los ERTE, la ministra de Trabajo ha señalado al respecto que, si esta herramienta funciona, no hay por qué ponerle plazos. «Lo importante es que el Gobierno no va a dejar caer a nadie», aseguró recientemente.
«El debate que tenemos es más relevante que el que tuvimos en marzo, porque el tramo final del año es clave para la economía de nuestro país», ha incidido.
Para la titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, los ERTE de rebrote están funcionando y lo están haciendo «muy bien». También ha recordado que el Ejecutivo tiene la intención de que estos ERTE de rebrote permanezcan.
Díaz ha afirmado que el Gobierno va a ir a la mesa «sin líneas rojas» porque quiere escuchar a todas las partes. Asimismo, la ministra cree que «no tiene tanto interés la fecha hasta la que se prorroguen los ERTE como que se acierte en el perfilado de las medidas».
Respecto a la petición de los sindicatos de que la protección se sitúe en el 70 %, en vez de que se reduzca al 50 % pasados 180 días, Díaz ha apuntado que la voluntad es mantenerla en el 70 %.
En la reunión de mañana también está previsto abordar la prórroga del 'Plan Mecuida', cuya vigencia expira el 22 de septiembre. Este plan, que Trabajo ha dado por hecho que se prorrogará, permite a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo (hasta segundo grado), siendo posible una reducción del 100% de la jornada (en ese caso sin sueldo), sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello.
El pasado 26 de junio el Consejo de Ministros aprobó la prórroga hasta el 30 de septiembre de los ERTE asociados a la COVID-19 y de la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis.
Ambas prórrogas fueron fruto de las negociaciones que el Ejecutivo mantuvo, en el primer caso, con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme y, en el segundo, con las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae.
En el Real Decreto-Ley aprobado destacaban el mantenimiento de los ERTE de fuerza mayor total para las empresas que aún no han vuelto a la actividad y la posibilidad de que las empresas que se vean obligadas a cerrar de nuevo por culpa de un rebrote del coronavirus puedan acogerse a estos procedimientos.
A los ERTE de fuerza mayor total vigentes actualmente (aquellos que tienen a todos sus trabajadores suspendidos de empleo) se les aplicó una exención en las cotizaciones empresariales del 70% en julio y del 60% en agosto, que bajará al 35 % en septiembre, en el caso de empresas con menos de 50 trabajadores. Para las empresas con más de 50 empleados, la exoneración de cuotas ha sido del 50 % en julio y del 40 % en agosto y será del 25% en septiembre.
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