El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria con 288 votos a favor, cinco en contra y 44 abstenciones.
Además, también se ha acordado la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con un total de 345 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
El texto, que defendido en la Cámara Baja la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, contiene medidas extraordinarias dirigidas a disminuir el impacto de la crisis del coronavirus en determinados sectores que han sufrido especialmente la crisis como el turismo y el comercio, entre otros.
Maroto ha subrayado en su comparecencia que el objetivo de este paquete de medidas extraordinarias, que movilizará 4.200 millones de euros para reforzar a estos sectores, es «seguir garantizando la efectividad de la red de seguridad hasta que la vacuna permita dejar atrás la situación de la pandemia» y «seguir acompañando a las empresas, minimizando los efectos de la crisis sanitaria».
La titular de Industria, comercio y Turismo ha reconocido que el 2020 será «recordado como el peor año del turismo, hostelería y comercio». «Estas medidas son tan importantes porque les da seguridad y certidumbre para afrontar las difíciles semanas que quedan», ha advertido.
Maroto ha abogado por convertir el proceso de vacunación en «la mayor prioridad» para que, junto a ello, vuelva la movilidad internacional, que traerá una «rápida reactivación del sector turístico porque España «sigue siendo uno de los países preferidos para viajar según las encuestas».
Por su parte, los partidos políticos han respaldado la convalidación de este Real Decreto-ley 35/2020 de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, aunque han reclamado «ayudas directas», como también solicitan los sectores afectados.
De esta forma, la diputada de Coalición Canaria, Ana María Oramas, ha exigido al Gobierno «ayudas directas» como han dado otros países de Europa, ya que considera que cuando estas ayudas lleguen «se habrá destruido el tejido empresarial», al tiempo que ha adelantado que su partido apoya la tramitación aunque presentará enmiendas.
Por su parte, la representante de Ciudadanos María Carmen Martínez, que también ha votado a favor, ha calificado estas ayudas de «insuficientes», porque ha subrayado que estos sectores «ya no pueden más». «El Gobierno repite que no dejará a nadie atrás y ha dejado atrás al turismo y a la hostelería, sectores tan importantes para el país», ha recalcado, al tiempo que ha exigido más «ayudas directas».
El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado de «insuficientes» las ayudas que figuran en este plan, aunque ha apuntado que «cualquier paso adelante es mejor que no dar ninguno».
Mientras que Ferran Bel, diputado del Partit Demòcrata (PDeCAT), se ha mostrado de acuerdo con el contenido del proyecto, aunque al igual que Baldoví le «parece insuficiente», ya que considera que algunas medidas «son cortas y llegan tarde».
Por su parte, el diputado 'popular', Agustín Almodóbar Barceló, ha lamentado en su comparecencia que el Gobierno haya «despreciado y demonizado injustamente» a estos sectores que lo están pasando mal por la actual crisis sanitaria.
«¿Es verdad que esto es todo lo que es capaz de traer el Gobierno? Debería ir acompañado de ayudas directas, ya que es un plan insuficiente y deficiente», ha señalado.
Por su parte, la diputada de VOX, Patricia Rueda Perelló, ha calificado este Real Decreto-ley de «'fake', al más puro estilo Sánchez-Iglesias, los reyes de la mentira», señalando que el turismo, la hostelería y el comercio necesitan «urgentemente» ayudas» y que lo que está «en la UCI es el tejido empresarial» español.
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