Yolanda Díaz, la ministra del diálogo social ascendida a vicepresidenta

Díaz llegó al Ejecutivo con la misión de derogar la reforma laboral de 2012, combatir la precariedad laboral y adaptar el Estatuto de los Trabajadores al siglo XXI, pero se tropezó con una pandemia que le obligó a cambiar las prioridades de su departamento, centrado desde ese momento en la implementación de los ERTE.

Con los acuerdos con patronal y sindicatos por bandera, ha ido ganando peso dentro y fuera del Gobierno con una fortalecida imagen pública de política moderada y dialogante, férrea defensora del trabajador y de la igualdad entre mujeres y hombres.

Además de asumir la vicepresidencia tercera, se sitúa como posible sucesora de Pablo Iglesias al frente de Unidas Podemos, ya que el actual líder considera que «puede ser la próxima presidenta del Gobierno».

Nacida en Fene (A Coruña) en 1971, esta gallega de pro se hizo cargo de la cartera de Trabajo -tras escindirse de la Seguridad Social- gracias al acuerdo de gobierno del PSOE y Podemos que le dio a En Marea la cuota gallega de poder dentro del Ejecutivo de coalición.

Tras cuatro años como diputada, llegó al Gobierno en enero de 2020 y tardó menos de un mes en alcanzar su primer acuerdo con patronal y sindicatos para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros.

Nada más comenzar el confinamiento por la covid-19, cerró otro acuerdo para aplicar condiciones especiales a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculándolos al estado de alarma.

De aquellas primeras semanas se recordarán las dificultades que tuvo para explicar cómo funcionaban los ERTE en la primera rueda de prensa del paro tras el estallido de la pandemia, en la que terminó recurriendo al humor para decir que «en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTE».

Esta estructura de protección, que llegó a amparar a 3,5 millones de trabajadores, ha sido extendida por acuerdo de diálogo social en tres ocasiones más, la última hasta el 31 de mayo próximo, dando cobertura en este momento todavía a casi un millón de personas.

A estos acuerdos se han sumado otros, como el que sentó las bases para el teletrabajo, en septiembre de 2020, o reciente sobre las condiciones laborales de los «riders», en el que tras más de medio año de negociaciones consiguió aunar las posturas de los sindicatos y la patronal.

«El ADN de este Gobierno se llama diálogo social» ha defendido siempre cuando ha sido instada por los sindicatos a sacar adelante modificaciones legislativas sin acuerdo para tratar de evitar que la patronal pueda ejercer «derecho de veto».

Precisamente esos plantes de los empresarios llevaron a Díaz a aprobar sin consenso los reglamentos de igualdad retributiva entre hombres y mujeres y de los planes de igualdad, aunque también a dejar «prorrogado» el SMI para 2021 ante la falta de un pacto tripartito.

«Ha llegado el momento de que los empresarios confíen en este Gobierno, que le tiendan la mano, que caminemos juntos», volvió a reclamar el pasado mes de enero tras cerrar una nueva prórroga consensuada para los ERTE.

Abogada laboralista, comunista, sindicalista y también feminista, Díaz ha defendido siempre desde su cartera la conciliación y la igualdad de género, haciendo gala de su condición de trabajadora y madre de una niña, Carmela, nacida precisamente un 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora.