«No podemos imponer un precio de test en la Unión Europea, es un mercado libre, pero podemos intentar ver si hay posibilidades de que las pruebas sean más baratas», ha resumido la secretaria de Estado para la UE portuguesa, presidencia de turno de la UE, Ana Paula Zacarias, al término de una reunión en Bruselas del consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE.
Este es uno de los principales escollos que complican la negociación entre el Consejo y la Eurocámara para tratar de cerrar un acuerdo a tiempo para que el llamado 'Certificado Verde Europeo' pueda empezar a utilizarse ya a finales de junio, con el objetivo de reactivar el turismo pese a la pandemia.
El certificado, que la Comisión Europea recalca que no debe ser entendido como un pasaporte sino como un documento con información médica, será gratuito y ofrecerá información en varios idiomas sobre la situación del titular con respecto al coronavirus antes de viajar: si ha sido vacunado, si tiene anticuerpos o si cuenta con una PCR negativa reciente.
Los eurodiputados reivindican la gratuidad para las PCR vinculadas al certificado porque consideran que de lo contrario se crearía una situación de discriminación con los europeos que podrán viajar con el certificado gracias a que han sido vacunados, ya que la vacunación no implica gastos para la persona.
Los Veintisiete, sin embargo, se aferran a que la competencia para fijar los precios de los medicamentos es exclusiva nacional y rechazan que quede fijada por un reglamento acordado en el seno de la Unión Europea.
A la cuestión de las competencias, se une que una gran mayoría de socios tendría «dificultades graves» con la gratuidad por la «carga financiera» que supondría esta medida en el contexto actual, en el que aún no está inmunizada una gran de la población y, por tanto, son mayoría los ciudadanos que deben presentar una PCR negativa para viajar.
«Se está viendo de qué manera se puede alcanzar un compromiso que satisfaga al Parlamento europeo y pueda amoldar la posición de las tres cuartas partes del Consejo, no sólo España», ha indicado a la prensa el secretario de Estado español para la UE, Juan González-Barba, tras participar en la reunión a Veintisiete.
González-Barba no ha descartado que «con un plazo mayor de tiempo» los gobiernos pudieran abrirse a la gratuidad, pero no en tan breve plazo -junio--, porque «todavía serían necesarias muchas PCR» y los Estados tendrían que asumir el coste también de los turistas que han visitado su territorio y al concluir las vacaciones regresan a su lugar de origen.
Con todo, el secretario de Estado ha indicado que España está «abierta a buscar fórmulas flexibles» que faciliten el acuerdo para que el certificado esté en marcha en junio, por ejemplo pensando en poner «topes» a los precios para las PCR.
Entretanto, la Comisión Europea ha iniciado esta semana las pruebas técnicas con más de una decena de Estados miembro, entre los que se cuenta España, para ir poniendo a prueba el funcionamiento del sistema y la interoperabilidad del mismo, con el objetivo de que su despliegue esté a punto cuando llegue el acuerdo político para su activación.
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