Tras encadenar cinco récords la pasada semana, el precio del mercado mayorista -que pesa en torno al 24 % en la factura de los consumidores con tarifa regulada- se ha moderado en los últimos tres días, marcando para hoy el precio medio más bajo desde el pasado 8 de agosto cuando fue de 85,2 euros.
No obstante, los precios siguen elevados y el precio de este lunes supone triplicar los 29,97 euros MWh de la misma fecha del año pasado, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE).
Al detalle de las franjas horarias, el precio máximo será de 109,35 euros el MWh a las 22 horas, y el mínimo, 82,60 euros a las 19 horas.
Para el domingo, el precio medio fue de 110 euros MWh, por debajo de los 114,6 euros del sábado y del máximo de 117,2 registrado para el viernes.
Detrás de estos precios están el encarecimiento del gas, que lo usan los ciclos combinados y marca el precio en la mayoría de las horas, el alza de los derechos de emisión de CO2, el incremento de la demanda por la recuperación económica y las altas temperaturas.
Precisamente, los precios de los últimos días han coincidido con una ola de calor que esta semana empieza a remitir con un descenso de las temperaturas de manera casi generalizada.
La menor demanda puede ser una de las causas de esta moderación de unos precios inéditos para el mercado español que han reabierto el debate sobre el funcionamiento del sistema eléctrico.
En España, el precio mayorista afecta directamente a los cerca de 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).
Los alrededor de 17 millones de consumidores que están en el mercado libre, que pagan por el kilovatio hora los precios ofertados por las compañías con las que contratan el suministro, no se ven afectados directamente por estas oscilaciones del mercado que, no obstante, terminarán reflejándose en el coste de todas las facturas.
Para amortiguar este impacto, el Gobierno ha rebajado hasta finales de año el IVA que grava el recibo eléctrico del 21 al 10 % y ha suspendido durante el tercer trimestre el impuesto a la generación eléctrica (7 %) que pagan las productoras.
El Gobierno también ha reconocido que estudia la creación de una empresa pública que agrupe los saltos hidroeléctricos al vencimiento de su concesión, un planteamiento que ha generado polémica.
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