Se trata de un requerimiento de «carácter urgente» dirigido el departamento de Fernando Grande Marlaska para que «remita el expediente, acompañado de los informes y datos que estime procedentes», como así consta en una diligencia dictada por la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso Efe.
La Sala reclama a Interior toda la documentación de la operación después de que haya acordado abrir una pieza separada «sobre la solicitud de la adopción de medidas cautelares» a petición de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, una vez que este miércoles el tribunal rechazó la cautelarísima de la ONG que solicitó la suspensión cautelar de las repatriaciones.
Y recuerda al Ministerio, y al resto de las partes, que con el envío del expediente «podrán solicitar la inadmisión del recurso y la celebración de la comparecencia» como dicta la ley.
La ONG ha presentado un recurso contra la comunicación que la Secretaría de Estado de Seguridad remitió el pasado 10 de agosto a la Delegación del Gobierno de Ceuta para que aplicara el acuerdo de retorno de menores a Marruecos de 2007 porque, en su opinión, «estaban bajo la tutela del Estado español», que está «incumpliendo la normativa tanto nacional como internacional».
Interior envió a la Audiencia dicho documento acompañado de un escrito en el que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, afirma que no se dio ninguna orden ni instrucción para emprender las devoluciones que asumió el gobierno ceutí, tan solo se limitó a rogar que se procediera a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos.
Con las alegaciones de Interior y el escrito que envió a Ceuta, la Audiencia sí se declaró competente para resolver el recurso de la ONG, echando por tierra la tesis del departamento de Fernando Grande-Marlaska de que «no existe acto o instrucción del Ministerio que pueda ser recurrido ante la Audiencia», ya que su escrito solo fue un «ruego».
Según el auto del miércoles la Audiencia, esa comunicación «ha servido para que las autoridades correspondientes en la Ciudad Autónoma hayan puesto en marcha actuaciones de retorno de menores marroquíes con base en tal documento o instrucción», lo que contradice la versión de Interior y sostiene que ese documento de Interior fue el detonante para iniciar las repatriaciones.
Ahora bien, la Audiencia argumenta que las impugnaciones sobre la posible violación de derechos fundamentales de los menores debe plantearse en los procedimientos previstos en la legislación española a los que remite el Acuerdo Hispano-Marroquí -que es el que se está ejecutando- y ante los órganos que ya tienen conocimiento de alguno de estos recursos, esto es, ante los Juzgados de Ceuta.
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