En este sentido, señala que el objetivo del plan es que, tanto para las épocas estivales como para el invierno, los centros educativos estén mejor y más preparados para poder proteger de una manera mucho más segura a los estudiantes. Se tratará con las comunidades autónomas porque, según recuerda, la educación es una competencia autonómica. Por ello, explica que trabajarán de manera conjunta los criterios de reparto, dependiendo el número de centros o el número de estudiantes. «Y a partir ahí, de una manera ya muy rápida se haría esa distribución de fondos», ha comentado. En todo caso, señala que los centros educativos más modernos, y en especial los de la última década, suelen ser centros ya adaptados climáticamente.
Sin embargo, apunta que en España hay escuelas de más de 100 o incluso 150 años. «Pensando especialmente en estos centros educativos, queremos poner en marcha ese nuevo plan de cooperación territorial para adaptar climáticamente los centros educativos», insiste. Por otro lado, la ministra no ha concretado si las próximas medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno tras el primer decreto de ahorro energético afectarán o no a los centros educativos, después de que quedaran fuera de las primeras medidas establecidas por el Ejecutivo para paliar la dependencia energética del gas ruso y en solidaridad con otros países europeos.
«Ahora mismo no soy capaz de concretar si cuando llegue el mes de septiembre habrá alguna actuación específica sobre los edificios (centros educativos)», ha reconocido al tiempo que ha destacado la asunción de «responsabilidad voluntaria» por parte de la ciudadanía para hacer frente a esta situación. Respecto al nuevo curso y al anuncio de Andalucía y Murcia de que continuaran con los libros de texto de la LOE, la anterior ley educativa, ha advertido de que las leyes educativas se cumplen «te gusten más o menos».
Además, aunque los editores de libros de texto han garantizado que llegarán a tiempo para el nuevo curso, también han advertido de que faltan muchos decretos autonómicos por aprobar. En este sentido, Alegría ha apuntado que el Gobierno ha aprobado los decretos que le corresponden y que ahora las comunidades autónomas son las que tienen que desplegar la parte correspondiente. «Los libros de texto se tienen que adaptar a los nuevos decretos de educación de todas las etapas educativas», ha dicho.
No obstante, también ha aclarado que los libros de texto son un material pedagógico voluntario y que son los profesores y el equipo directivo de los centros educativos quienes de una manera voluntaria y bajo libertad de cátedra eligen y deciden qué libros de texto se van a utilizar en sus centros educativos. «Desde el Partido Popular en este caso también se introdujo un debate profundamente negativo por varias cuestiones», ha puntualizado. También ha recordado que esta voluntariedad se aplica desde 1998 por una decisión del entonces Gobierno del PP y, concretamente, de la entonces ministra de Educación, Esperanza Aguirre, por lo que ha pedido «prudencia» a la hora de hacer ciertas manifestaciones.
«Hay que valorar claramente y respetar la profesionalidad de los maestros y los profesores de este país, que son, como digo, quienes deciden y quienes eligen el uso de los libros de texto como de cualquier otro material pedagógico que puedan utilizar los centros educativos», ha agregado. Alegría también ha justificado la nueva EBAU y la prueba de madurez de acuerdo con la aplicación de la nueva ley educativa, la LOMLOE. «Es una nueva forma de enseñar y también una nueva forma de aprender desde el punto de vista competencial. Y por tanto, entendíamos que era fundamental que si cambiamos la forma de enseñar la forma de aprender, hay que también cambiar la forma de evaluar», ha recalcado recordando que será a partir de 2027 cuando la prueba se despliegue definitivamente y ya será en un 75 % distinta a actual.
En todo caso, ha descartado una prueba única en toda España, una medida que considera un «mantra» del Partido Popular, al que afea que juegue en materia educativa con «un alto grado de cinismo». «Dicen lo que dicen cuando están en la oposición. Y, sin embargo, cuando están en el Gobierno, que en este caso tenían mayoría absoluta, jamás se plantearon la posibilidad de hacer esa prueba única que ahora demanda», ha criticado. No obstante, ha apuntado que sí plantean que la prueba de madurez académica y su evaluación se haga en colaboración con todas las comunidades autónomas para plantear requisitos y cuestiones que sean perfectamente homologables en todas ellas. «Desde el respeto, como digo a las competencias que tienen tanto las comunidades autónomas como las universidades, la prueba de madurez académica, el cómo se va a evaluar esa prueba, se va a realizar y va a recoger los requisitos que puedan ser equiparables en todas las comunidades autónomas», ha añadido.
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