Bárcenas pide más de 40 años de cárcel para Fernández Díaz por 'Kitchen'

Bárcenas pide a la Audiencia Nacional que abra juicio oral contra los once procesados por el Juzgado Central de Instrucción Número 6: Fernández Díaz y el que fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez; el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino; de los ex mandos policiales José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano; y del ex chofer de los Bárcenas Sergio Ríos En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la letrada de la familia Bárcenas, Marta Giménez-Cassina, interesa concretamente 41 años de cárcel para todos los acusados, excepto para Ríos, para quien plantea una condena a 33 años de cárcel.

Además, exhorta a que los acusados indemnicen a Bárcenas, su mujer y su hijo «de forma solidaria por los perjuicios ocasionados por la comisión de los delitos que les afectan en 400.000 euros a cada uno», aunque advierte de que habrá que sumar la responsabilidad civil derivada del delito de malversación que se fije en la futura sentencia. Y, de todo ello, «será responsable civil subsidiario el Estado, toda vez que se trata de la comisión de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones», anudan los Bárcenas.

La abogada avanza ya la prueba a practicar durante la vista oral y en este sentido pide que declaren tanto los acusados como los Bárcenas. En calidad de testigos, quiere interrogar a Cospedal; su marido, el empresario Ignacio López del Hierro; y el ex jefe de Gabinete de ella, José Luis Ortiz. La acusación particular llama también como testigos a varios policías, al guardia civil Diego Pérez de los Cobos, el abogado Javier Iglesias y trabajadores y compañeros de prisión de Bárcenas en Soto del Real. Asimismo, insta a requerir a la Unidad de Asuntos Internos que «realice las oportunas pesquisas para identificar todos los datos relativos a los cinco números de telefonía móvil aportados por Villarejo». Según el ahora comisario jubilado, a través de esas líneas telefónicas mantenía al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy informado del desarrollo de la 'Kitchen'.

A lo largo de 48 páginas, la abogada relata lo que habría sido la 'Kitchen', «una operación parapolicial al margen de la ley con el fin de conseguir y destruir la posible información que Bárcenas y su familia, en concreto su esposa Rosalía Iglesias y el hijo de estos, Guillermo Bárcenas, tuvieran en su poder que pudiese afectar al Partido Popular» y que se pudiese usar en la investigación sobre 'Gürtel'. «Dicha operación comenzó a gestarse en el año 2012, empezando a materializarse en febrero del 2013, fecha en la que acababan de ser publicados en prensa los denominados 'papeles de Barcenas', siendo estos una contabilidad 'extracontable' del Partido Popular que podía perjudicar en gran manera al partido político», detalla el escrito de conclusiones provisionales. Giménez-Cassina explica que la 'Kitchen' se habría dirigido desde el Ministerio de Interior por «indicación» de Fernández Díaz, que le habría encargado la «coordinación» a Martínez.

A su vez, el entonces secretario de Estado habría encomendado «la planificación y el desarrollo» a Pino y éste habría delegado en Villarejo, que habría activado en cascada a los policías implicados. En esos años, cuenta, los Bárcenas se habrían visto sometidos a «operativos de vigilancia» para «tenerles controlados en todo momento». En eso habría sido clave Ríos, al que define como persona de «máxima confianza» de la familia que controlaba todos sus movimientos y escuchaba sus conversaciones. Habría llegado a clonar teléfonos móviles.

Para garantizarse el 'fichaje' de Ríos como espía de la 'Kitchen', le habrían pagado 2.000 euros mensuales más gastos, «procedentes de los fondos reservados». Y, «para asegurarse de su silencio», «le prometieron y cumplieron, aun no teniendo los requisitos exigidos para ello, el posterior ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía», añade. La entrada de Bárcenas en prisión provisional, a finales de junio de 2013, habría propiciado que la vigilancia de la 'Kitchen' se trasladara a la cárcel de Soto del Real. El ex tesorero se habría visto sometido a un «severo control», con «medidas que no eran habituales respecto a otros internos», como «registros constantes en su celda y cacheos integrales sin justificación real». «Hasta tal punto llegó el control ejercido a Bárcenas que fue clasificado como FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento)», una categoría creada para «internos pertenecientes a bandas terroristas», ilustra.

Finalmente, la 'Kitchen' habría logrado «la documentación buscada» en un «arcón con un doble fondo» ubicado en «el zulo», una dependencia situada en el local donde la mujer de Bárcenas trabajaba como restauradora de muebles. «La documentación obtenida que posteriormente fue encontrada en el marco de la presente investigación en varios registros nunca fue aportada al procedimiento judicial 'Gürtel'», recalca la letrada de los Bárcenas.

A todo ello añade que, «en el periodo de los años 2013 y 2014, recibió visitas de dos abogados relacionados con el Partido Popular, Ignacio Peláez y Javier Iglesias» que le habrían realizado distintas ofertas para que guardara silencio. Peláez habría ofrecido a Bárcenas «la posibilidad de a través de la información que tenían Villarejo y Olivera, y a cambio de 12 millones de euros, anularían el procedimiento 'Gürtel'». «Ofrecimiento que lógicamente rechazó», asegura. En cuanto al segundo encuentro, la acusación particular afirma que Iglesias trasladó a Bárcenas que «si 'no hablaba' su esposa no entraría en prisión».