Las ministras de Transportes, Raquel Sánchez; Portavoz, Isabel Rodríguez y Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (i a d); durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de ministros, este martes en Moncloa. | Javier Lizón

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La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha destacado este martes la aprobación de «una de las leyes más importantes de este curso político», la ley de familias, que corrige «una situación insostenible» y que revierte «carencias históricas» en la protección de las familias. La ministra ha defendido la norma que reconoce jurídicamente a las distintas familias durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado luz verde a un anteproyecto recortado tras las intensas negociaciones entre los socios del Gobierno, y que incorpora la prohibición del «pin parental», es decir, que los padres impidan el acceso de los menores a contenidos de diversidad familiar.

La ley amplía la protección social a las familias y el apoyo a la crianza con nuevos permisos, equipara en derechos los distintos tipos de hogares -como las parejas de hecho a los de los matrimonios- y fortalece los de los menores. «Refuerza la protección de todas las familias» y remedia «carencias históricas» de la conciliación, ha destacado Belarra, quien ha lamentado que cada año se invierten 12.000 millones de euros menos que la media de la Unión Europea en proteger a las familias y la infancia.

Entre las medidas, incluye tres permisos para facilitar la conciliación y el cuidado de familiares y convivientes: 5 días en casos de accidente o enfermedad grave, 4 días por motivos urgentes o de «fuerza mayor» y un permiso de 8 semanas para cuidado de los hijos hasta los 8 años. Además, la ley asimila las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas y amplia la renta crianza de cien euros al mes por hijo menor de 3 años que solo cobraban las madres trabajadoras a aquellas que están en paro o que hayan cotizado al menos un mes, una medida que entrará en vigor el próximo 1 de enero.

Según los cálculos del departamento, esa medida beneficiará a entre 200.000 y 250.000 nuevas madres, ya que incluye a todas las madres que estén percibiendo una prestación por desempleo, contributiva o no y también a las que, sin reunir los requisitos previamente, coticen 30 días a partir del parto. También recibirán el 100 % de la prestación las mujeres que tengan un empleo a tiempo parcial o temporal. Con la aprobación de la norma, serán consideradas como familias numerosas: las monomarentales con dos hijos, los hogares con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad, las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos y las familias con dos hijos en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión.

Además, la nueva regulación considera también familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza «de categoría especial» a aquellas que hasta ahora eran numerosas de categoría general, pero a partir cuatro hijos y no cinco; las familias con tres hijos en caso de parto múltiple, en vez de cuatro como en la actualidad, y las familias con tres hijos y bajos ingresos (hasta el 150 % del IPREM). Sobre el reconocimiento de los distintos tipos de familias, la ley avanza en la equiparación de derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho, que tendrán acceso a los 15 días de permiso por registro equiparables al matrimonio.

La ley genera también un nuevo marco de reconocimiento y protección para las familias LGTBI, con algún miembro con discapacidad, familias múltiples, reconstituidas, adoptivas o acogedoras. Así, las múltiples, es decir, aquellas que tienen varios hijos, serán consideradas como colectivo de especial protección y los hijos e hijas de parejas no casadas podrán ser inscritos en el registro por el progenitor no gestante.

La norma extiende el subsidio por nacimiento y cuidado no contributivo a adoptantes y familias de acogida, amplía la pensión de orfandad un año hasta los 26 y el permiso por cuidado de menor con cáncer o enfermedad grave, hasta los 26 años en caso de discapacidad. En cuanto a los derechos de los menores, prohíbe que padres o tutores impidan el acceso a contenidos sobre diversidad familiar a través del conocido como «pin parental» en los centros educativos. La norma mejora el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, para agilizar los trámites y beneficiar a los hijos e hijas de parejas de hecho, mayores de edad con discapacidad o en situación de dependencia. Al ser preguntada por su incorporación al Gobierno sin haber disfrutado de su baja de maternidad completa, Belarra ha explicado que ha disfrutado de las seis primeras semanas y ha cuestionado si esta pregunta se la hubieran hecho a un ministro varón: «A mi compañero Garzón nunca se le hizo esa pregunta».