El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control que celebra el pleno del Senado este martes. | Efe

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que su voluntad política para aprobar la primera ley estatal de vivienda de la democracia es «total» y que espera llegar a un acuerdo con sus socios parlamentarios para sacarla adelante «antes de que termine esta legislatura». «La voluntad política existe, es total, es diáfana, pero no tenemos 176 escaños, sino 153, y tenemos que hablar con otros grupos parlamentarios y espero que antes de que termine esta legislatura podamos alumbrar entre todos una ley muy importante sobre todo para los jóvenes de nuestro país», ha afirmado en la sesión de control del Senado.

El presidente ha contestado así a la senadora de ERC Mirella Cortés, que le ha acusado de no tener voluntad política para impulsar una ley de vivienda «ambiciosa» y «transformadora» que sirva para «regular los alquileres y el mercado» y que sitúe el derecho a una vivienda digna y adecuada «por delante de los intereses financieros de los de siempre». Cortés ha pedido además explicaciones a Sánchez por la «falta de transparencia y control» del Gobierno sobre la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) y le ha exigido en especial que sea transparente con las «operaciones especulativas que realizó en Lleida con la venta de terrenos a empresas con vinculación en paraísos fiscales».

La senadora también ha denunciado que no hay forma de saber qué activos tiene esta entidad y ha recordado que incluso la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dijo recientemente que ni los ministerios ni el Gobierno tienen esa información. Tras criticar que esos inmuebles no formen parte de un parque de vivienda pública, ha lamentado que la Sareb «priorice el beneficio económico» y que sea una entidad en la que «las puertas giratorias están a la orden del día» con un «concubinato indisimulado con los fondos buitres».

Sánchez le ha replicado que la Sareb es la «respuesta fracasada de un gobierno d derechas a la anterior crisis financiera» y una «herencia envenenada» que recibió de la administración del PP, con 35.000 millones de euros de deuda. Tras recordar que el Estado tomó su control en 2021, ha recalcado que desde entonces sus dos grandes objetivo son impulsar un parque público de vivienda para alquiler asequible y potenciar la venta de activos para rebajar la mayor cantidad de deuda pública posible.