Así, si finalizado este año, el IPC interanual de diciembre de 2023 fuera superior al 4% de subida salarial recomendada, se aplicará un aumento adicional máximo del 1% con efectos desde el 1 de enero de 2024. En el caso de 2024 y 2025, para los que se aconseja un alza salarial del 3%, la cláusula de salvaguarda con ese 1% adicional se activará cuando el IPC interanual de diciembre sobrepase el 3% y se aplicará al año siguiente, es decir, el 1 de enero de 2025 y el 1 de enero de 2026, respectivamente. En todo caso, el acuerdo, que consta de 32 páginas, especifica que los negociadores de convenios colectivos deberán tener en cuenta las circunstancias específicas de su ámbito para fijar las condiciones salariales.
La idea, precisa el texto, es que las directrices contenidas en el acuerdo puedan adaptarse en cada sector o empresa, cuyas situaciones son «muy desiguales» en crecimiento, resultados o incidencia del salario mínimo interprofesional (SMI), todo ello con el objetivo del mantenimiento y la creación de empleo. «Un avance en el crecimiento de los salarios donde la realidad económica de los sectores y/o empresas lo permita, contribuirá a aumentar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y a seguir mejorando nuestra competitividad y con ello a preservar y crear empleo», defienden en el acuerdo.
En lo que respecta a 2022, ejercicio que ha quedado fuera del acuerdo, sindicatos y empresarios señalan que en los sectores y empresas donde aún no se han cerrado sus convenios, se afrontarán las negociaciones «buscando soluciones en base a la situación y la realidad de su propio ámbito». Al mismo tiempo, los agentes sociales abogan por promover en los convenios una «racionalización» de las estructuras salariales, integrando los principios de transparencia retributiva y de igual retribución por trabajos de igual valor. A tal fin, consideran «deseable» ordenar y simplificar los complementos salariales teniendo en cuenta la perspectiva de género. Asimismo, instan a que los sistemas de retribución variable cuenten con criterios objetivos y se establezca su peso en el conjunto de la retribución. Igualmente, apuntan que se podrán tener en cuenta fórmulas de retribución flexible en la negociación colectiva.
Despliegue de la reforma laboral
Las recomendaciones en materia de contratación que hacen los agentes sociales en el V AENC están directamente ligadas a la reforma laboral que acordaron con el Gobierno. De este modo, tras constatar los «buenos resultados» de la reforma laboral hasta la fecha, consideran que los convenios colectivos deben contribuir a seguir en esta dirección fomentando la estabilidad en el empleo y el uso adecuado de las modalidades contractuales, desarrollando los distintos llamamientos que la norma hace a la negociación colectiva.
Así, por ejemplo, en lo que respecta a los fijos-discontinuos, aconsejan desarrollar a través de los convenios colectivos «toda la virtualidad de este contrato», regulando aquellos aspectos que permitan una mejor adaptación a las necesidades de los trabajadores, los sectores y las empresas, «incluida la habilitación para que las empresas de trabajo temporal (ETT), puedan realizar contratos fijos-discontinuos para la cobertura de posiciones temporales de la empresa usuaria». Con el propósito de mantener un sistema de contratación que genere estabilidad, los agentes sociales consideran que el contrato a tiempo parcial indefinido puede ser una herramienta adecuada para atender las necesidades de flexibilidad de empresas y trabajadores. Al mismo tiempo, apuestan por que la negociación colectiva impulse la contratación de jóvenes y personas en transición en el empleo, promoviendo los contratos formativos y la formación dual como vía de inserción y recualificación.
Defensa de la jubilación parcial
CCOO, UGT, CEOE y Cepyme sostienen en el acuerdo que la jubilación parcial y el contrato de relevo «deben seguir siendo un instrumento adecuado para el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de las plantillas». A tal fin, señalan que los convenios colectivos podrán reconocer el acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo de acuerdo con la normativa que le sea de aplicación, e impulsarán, en su caso, los mecanismos para su puesta en marcha en cada uno de los sectores y empresas, en función de sus circunstancias y características propias. Igualmente, defienden, se potenciarán desde los convenios fórmulas de jubilación gradual y flexible para facilitar el tránsito desde la vida activa al retiro laboral. Asimismo, las partes instan al Gobierno a negociar en el diálogo social la reforma de la jubilación parcial, tal y como comprometió el Gobierno en la última reforma de pensiones.
Aprovechar los recursos
En el acuerdo, las partes apuestan por analizar la evolución de los indicadores de incapacidad temporal (IT) derivada de contingencias comunes y por establecer medidas de actuación que mejoren la salud de los trabajadores y logren reducir la frecuencia y duración de dichos procesos. Entre otras medidas, abogan por un mejor aprovechamiento de los recursos de las mutuas, «sin modificar las actuales competencias de los servicios públicos de salud», para mejorar los tiempos de espera, la atención sanitaria de los trabajadores y reducir las listas de espera en el sistema público. Para ello, instan a las administraciones con competencias en la materia a desarrollar convenios con las mutuas para realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de IT por contingencias comunes de origen traumatológico.
Las partes también apuestan por desarrollar en la negociación colectiva el acuerdo del teletrabajo y por promocionar los planes de pensiones de empleo; reconocen el derecho a la desconexión digital fuera de la jornada laboral; defienden los ERTE como mecanismo alternativo a la destrucción de empleo, y comparten la necesidad de promover la igualdad real entre hombres y mujeres, la prevención de las violencias sexuales y la cultura de la prevención de riesgos laborales, así como de favorecer centros de trabajo integradores para las personas LGTBI. Los agentes sociales también ponen «deberes» al Gobierno en este acuerdo. Así, le emplazan a adaptar la actual normativa de revisión de precios en los contratos públicos para permitir su actualización en determinadas situaciones. «Las personas trabajadoras y las empresas que participan en la contratación pública en los sectores intensivos en mano de obra no pueden ser de nuevo los paganos de una norma que impide de facto revisar precios y, con ello, salarios, incluso en situaciones extremas como las actuales», sostienen.
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