Las viviendas de Son Olivaret, junto a Sant Jordi, se encuentran fuera de planeamiento. La mayoría de ellas comenzaron a construirse a principios de este siglo en suelo agrario. | R.L.

TW
35

Alrededor de 40.000 vecinos de Palma residen en urbanizaciones ilegales que tienen algún tipo de irregularidad urbanística. Un informe aportado en un juzgado de lo Penal de Palma en un juicio por un delito contra la ordenación del territorio pone de manifiesto que hay en torno a un centenar de asentamientos que no se ajustan al planeamiento y que, en sentido estricto deberían ser demolidos. La defensa de la propietaria de un terreno en uno de estos núcleos, Son Olivaret, esgrimió en el juicio este documento como argumento de descargo.

Sobre la situación de Son Olivaret, junto a Sant Jordi, el informe ha registrado 135 viviendas ilegales a través de una fotografía aérea. Las administraciones no persiguen de oficio estas edificaciones pero existen varias resoluciones que ordenan su demolición y que están recurridas ante los juzgados de lo Contencioso. Son expedientes de disciplina urbanística abiertos a partir de denuncias de otros vecinos. Como se trata de viviendas sin licencia y sin posibilidad de ser legalizadas, la probabilidad de demolición es muy elevada. Otros vecinos de la zona han ejecutado por su cuenta trabajos de demolición.

El caso que llegó a juicio responde a este patrón. Una mujer que adquirió la finca en 2018 fue denunciada por un vecino ante la Fiscalía. El Ministerio Público ofició al Seprona de la Guardia Civil. El agente que acudió a realizar una inspección explicó en el juicio que se encontró con una vivienda de 160 metros cuadrados y otras construcciones en la finca, entre ellas una caseta para alojar gallos de pelea y un área de barbacoa de sesenta metros cuadrados. Mediante un examen de las fotografías aéreas de la zona, la Guardia Civil concluyó que se trataba de una obra nueva realizada a partir del año en el que la mujer adquirió el terreno. El suelo está clasificado como Área de Interés Agrario y se mantiene ese uso en el proyecto de nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Palma.

Condena de cárcel

En base a este informe, la Fiscalía reclama una condena de dos años de cárcel para la propietaria de la finca, una multa y la orden de demolición de lo construido. La mujer negó en la vista haber llevado a cabo ella la construcción. También explicó, a preguntas de su letrado que algunos de los viales tienen placa con el nombre de la calle y que tienen alumbrado público. La defensa, ejercida por el abogado David Salvà, solicita la libre absolución. Plantea la situación de que solo sea su representada la juzgada cuando existe una situación análoga en más de un centenar de casas de la zona que no son perseguidas por la administración. La defensa y otros residentes en la zona han pedido reuniones con el área de Urbanisme del Ajuntament para abordar la situación de todas la áreas que permanecen fuera de planeamiento y que, ni se legalizan ni se derriban. No recibieron respuesta, denuncian. El caso de esta vecina de la zona está pendiente de sentencia.

El apunte

Demoliciones tras denuncias vecinales

Además de este procedimiento Penal, varios vecinos de Son Olivaret están pendientes de resoluciones judiciales contra órdenes para que tengan que demoler sus viviendas por procedimientos administrativos de disciplina urbanística. El suelo en el que se asiente este núcleo junto a Sant Jordi es Área de Interés Agrario.