José María Aznar Botella lleva el Plan General de Palma ante los tribunales

El fondo buitre Promontoria Coliseum Real Estate está detrás de este recurso que se ha presentado contra la parte estructural del Plan General, en el que se reduce a la mitad las hectáreas en suelo rústico donde se podrá construir. La mayor parte del terreno catalogado como urbanizable se destina a espacios libres, zonas verdes y equipamientos.

Alegación

De esta manera, esta protección da al traste con las intenciones de este fondo buitre con sede en Madrid, que había comprado el suelo cuando tenía calificación de rústico, lo que suponía un precio más económico, y pretendía convertirlo en urbanizable, lo que multiplicaría con creces su valor de mercado. Uno de los motivos fundamentados de la desclasificación de este suelo en el nuevo Plan General es que se amplió el Área Natural de Especial Interés (ANEI), que ha afectado de lleno a este solar. Es decir, se encuentra en un espacio natural aún sin urbanizar.

El BOIB publicó el pasado jueves la interposición del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB), en la sala contenciosa-administrativa.
Así, a partir del jueves se concede un plazo de quince días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.
Según ha podido saber este periódico, Promontoria Coliseum Real Estate presentó una alegación al Plan General en febrero del año pasado pero fue desestimada porque se amparaba en un plan parcial anticuado en la que se daban un serie de incumplimientos, entre ellos que se solapaba con esta ampliación de ANEI.

Desde el Consistorio se respondieron a estas alegaciones justificando la imposibilidad de urbanizar según las directrices del Ministerio de Agenda Urbana, según el cual, hay que potenciar una ciudad más compacta. Promontoria Coliseum Real Estate es una sociedad instrumental de Haya Real State, de la que es consejero José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno José María Aznar y de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella.

Precisamente esta última acudió como testigo a los juzgados tras la polémica venta en 2013 de 1.806 viviendas sociales en la capital española al fondo de inversión Blackstone por 128,5 millones de euros a un precio por debajo del mercado. El valor de las viviendas aumentó un 227 por ciento, según el propio fondo buitre que las adquirió. En la zona de Puntiró, en el municipio de Palma, se comercializan un buen puñado de villas y chalets que rondan los dos millones de euros, aunque las hay que alcanzan los cuatro millones.