El Ajuntament de Palma devolverá cinco millones después de desclasificar un suelo urbanizable inundable

La portavoz del Consistorio palmesano, Mercedes Celeste, explicó que «es una cantidad que se venía reclamando desde 2022 y ahora los ciudadanos tendrán que poner de su bolsillo 5.334.000 euros más los intereses debidos por la declasificación de un suelo urbanizable en Son Pardo. Esta desclasificación se llevó a cabo a raíz del Plan General de 2023».

Celeste señaló que el Ajuntament «tendrá que devolver el depósito que dejaron los propietarios, ya que en el Plan General de 1998 sí que se permitía urbanizar y ahora no. Ya dijimos en su momento que este nuevo Plan General contaba con multitud de alegaciones y nos supondría abonar muchas indemnizaciones».

Los propietarios de este solar son personas particulares que «con el Plan General de 1998 podían urbanizar. En el año 2012 este solar, que era una inmensa zona urbanizable, presenta riesgos de inundación. Entonces se empiezan a hacer informes y contrainformes que dictaminan si debía ser una zona verde al ser inundable y, por lo tanto, se debía compensar». Celeste achacó a la llegada del Plan General de 2023 el cambio de usos. «Cierra toda la posibilidad de compensación a los propietarios si deja de ser urbanizable. Ahora hay que devolver el depósito y afrontar los intereses», dijo la portavoz, que aprovechó para denunciar la política urbanística de la legislatura anterior: «No nos gusta el urbanismo a la carta».

Adquisición
En cuanto a la Ciudad de la Justicia, Celeste advirtió que «lo lleva el Ministerio de Justicia y hemos intentado mantener comunicación con ellos y no nos contestan. Los terrenos siguen sin ser de Justicia». De hecho, siguen en manos de la SAREB aunque en 2022 se alcanzó un acuerdo para la compraventa de tres parcelas de 220.068 metros cuadrados que tienen un valor de 4,7 millones de euros.

Estaba previsto que los terrenos fuesen adquiridos durante el primer trimestre del año 2023 pero la operación aún no se ha llevado a cabo. El suelo tiene una edificabilidad de unos 50.000 metros cuadrados para uso administrativo y unos 12.000 m2 para uso residencial.