Jaime Martínez: «El hartazgo por la vivienda viene de políticas impulsadas en estos últimos ocho años»

¿Cómo ha sido este último año?
—Ha sido muy intenso pero yo creo que muy positivo. Llevamos seis meses con nuestro presupuesto y hemos podido empezar y consolidar todo aquello que ya dijimos. En primer lugar las urgencias: limpieza, seguridad, transporte, vivienda... Y hemos empezado a asentar las bases de todos los proyectos de ciudad.

Desde que asumió el cargo nos hemos topado con el debate de la saturación turística. ¿Ha tenido que cambiar su programa?
—Estamos cumpliendo con el programa que presentamos hace un año. Es verdad que al final la realidad te hace ir modulando según qué políticas, tanto en tiempo como en forma, pero básicamente seguimos en la línea que dijimos en campaña hace un año: que pondremos en marcha el cambio de la ciudad en Palma. En el modelo turístico no nos hemos movido mucho. Ya hace diez años, como conseller, las políticas de la Ley 8/2012 [la Ley Delgado] que pusimos en marcha iban ya en la línea de la calidad, de la limitación del alquiler turístico, de la regulación de party boats y de campings. Ahora, después de de ocho años de dejadez en este sentido, hemos tenido que ser más intensos.

A finales de mayo más de 10.000 personas salieron a la calle para protestar por el precio de la vivienda.
—Al final todas las manifestaciones son el resultado del hartazgo de años por el problema de la vivienda y de esa sensación de saturación. Hay que analizar y escuchar todas las voces. Pero ese hartazgo viene de los últimos ocho años de políticas que han ido en contra de las banderas que levantaban los políticos que gobernaban antes. Transformaban ese mensaje de turismofobia y de demonización del turismo en políticas que incrementaron al máximo las llegadas de cruceristas, la oferta ilegal, la falta de apuesta por la calidad y el valor añadido. Mi obligación como alcalde es gobernar para todos los ciudadanos pero sobre todo anteponiendo el interés general.

¿Sigue en pie la idea de convertir Palma en capital mundial del conocimiento turístico?
—En el debate de la saturación tenemos que volver a ser pioneros para ver cómo debe ser el turismo del futuro. Hay masificación en muchos destinos pero tenemos que verlo como una oportunidad para dar soluciones a ese problema. Podemos ser un referente. Se ha creado un pacto social en Balears y tenía la obligaicón de llevar una serie de reivindicaciones a esa mesa para analizar y resolver. Hace doce años apostamos por el turismo de calidad y las políticas de izquierdas lo han tirado para abajo. Algunas medidas no son de aplicación inmediata pero hay muchos temas que plantear en una ciudad de 450.000 habitantes, 50.000 plazas turísticas y mucha oferta turística ilegal.

La semana pasada supimos de la ampliación de las terrazas y ha cundido la preocupación.
—No es un tema de ampliación sino de ordenar la ciudad. La oferta de restauración no se ha modificado sino que se ha reordenado, hablamos que había cinco metros cuadrados más de terrazas en La Llotja, por ejemplo. El Ajuntament, y eso la Federació de Associació de Veïns lo sabe, está absolutamente comprometido con defender el descanso vecinal y no permitir incumplimientos de la norma. Se está mejorando mucho la compatibilización de esa actividad con el descanso de los vecinos.

¿El reciente accidente del beach club Medusa confirmó un problema de oferta ilegal?
—Ese desgraciado derrumbe en el que hubo con cuatro fallecidos fue un tema muy penoso y tiene que llevar a la reflexión al empresario. No se pueden hacer obras ilegales y no se pueden realizar actividades ilegales. Eso no quita que Cort tenga que poner todos los medios para perseguir, inspeccionar, sancionar y clausurar aquellas actividades y obras ilegales. Hemos puesto en marcha actuaciones paralelas en las zonas donde hay más presión en actividades y obras, llevando a cabo inspecciones conjuntas con el Govern y el Consell para comprobar que estos locales están cumpliendo con todas sus obligaciones.

En cuanto al Plan General, esta legislatura ha tumbado el Plan de Ordenación Detallada (POD) y se ha enfrentado a la empresa redactora, Territorio y Ciudad.
—El Plan General se aprobó de un modo irregular el año pasado porque lo hizo con 400 prescripciones que Territorio y Ciudad no fue capaz de incluitr en el documento. No es que fuese un enfrentamiento, sino que la empresa no cumplió con sus obligaciones, tanto en la presentación de un texto refundido con las prescripciones del Plan General ni en presentar el POD. Como ya anuncié la semana pasada y se publicó en el BOIB, una resolución desbloquea de facto la imposibilidad de desarrollar las 13.000 viviendas que estaban definidas en ese Plan General. Ahora ya está desbloqueado y se pueden tramitar suelos urbanizables para disponer de vivienda, también pública y asequible.

¿Esas 13.000 viviendas bajarán los precios? ¿Por qué no aplica la limitación de precios?
—No se aplica la ley estatal porque está comprobado que no ayuda a según que alquileres. Aquí lo importante es poner vivienda en el mercado. Esas viviendas vacías necesitan seguridad jurídica. Es verdad que aquí necesitamos que la ley estatal se modifique para que proteja más al propietario. Y también es necesaria la inspección del alquiler turístico ilegal: es una competencia desleal y elimina vivienda de alquiler de larga duración. Estamos ahora con las ordenanzas fiscales, ver qué incentivos podemos poner encima de la mesa para sacar vivienda al mercado. A determinados precios, eso sí. Por otro lado, estamos preparando la salida de 1.200 viviendas, casi todas de alquiler a precio limitado, en solares municipales.

Usted dijo que quería expropiar Son Busquets si en un mes no se iniciaban el proyecto. ¿Sigue en pie esa idea?
—He dado un margen de confianza al SEPES, no tengo que ser prisionero de algún comentario mío y además, hay un protocolo de intenciones. Mi intención es desarrollar Son Busquetsa pero el Ministerio no lo hará como quiera, lo tiene que decidir Palma. Pedro Sánchez no nos puede decir cómo será el Puerto de Palma, Son Busquets, el aeropuerto o el transporte público, que nos diga si habrá tranvía. No quiero acabar 2027 y que Son Busquets siga igual. Tenemos tres portavoces en Madrid [Francina Armengol, Rosario Sánchez y José Hila] que deben interceder por Palma.

¿Cómo está el proyecto de Gesa?
—Están muy avanzadas las conversaciones y será una realidad este año. Ya contamos con la aportación del Govern y de los fondos de Next Generation, que ascienden a 10 millones. Paralelamente, se convocará un concurso de ideas para que las obras se inicien lo antes posible, No queremos que sean oficinas, sino que acoja la cultura y sea la sede del Distrito Digital.

Vox expresó su «desencanto» por el pacto programático con el PP en Palma.
—En septiembre se firmó ese pacto programático de 95 puntos, de los cuales el 70 por ciento están en marcha y un 25 por ciento están cumplidos. Quedan tres años para finalizar esta legislatura y estoy relativamente contento de poder cumplir con mi palabra y un pacto que firmamos. En estos momentos estoy satisfecho de cómo vamos desarrollando y aprobando todo lo que dijimos que haríamos. Si a partir de aquí hay descontento habrá que preguntarle a Vox.

También ha habido polémica en la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones.
—Estaba preparada pero no era pública porque el anterior regidor de Mobilitat ocultó esa ordenanza. Pedimos una prórroga hasta el 31 de diciembre y ya se está tramitando. Ya la hemos presentado a los colectivos para que presenten sus elecciones para que se ajuste a sus demandas lo máximo posible. Se tiene que hacer con el máximo consenso posible. Tenemos que equilibrar la legislación europea y estatal con los intereses de Palma.

Fue alumno de Montesión, ¿que opina del conflicto que está viviendo?
—Me entristece que la comunidad jesuita desaparezca de la ciudad. Como alcalde, tenemos que velar por el patrimonio de la iglesia y el claustro. Los usos que tenga deben ser compatibles con la ciudad y la disposición del Casc Antic. Velaré para que así sea.