El expediente remitido por el Ajuntament de Puigpunyent a la
Fiscalía y a la Conselleria de Presidència, traspasado el pasado
viernes al juzgado de guardia, incluye un parte médico y un informe
de la responsable de los servicios sociales del Consistorio sobre
la situación de la residencia de personas mayores de la localidad.
La asistenta social de la villa, Catalina Mas, comentó a este
periódico que un centro geriátrico como el de Puigpunyent, con una
docena de internos, no sólo necesita cuidadores, pues también
precisa personal especializado que atienda todas sus necesidades
físicas, psíquicas y sociales.
En opinión de Mas, «una inspección no puede tan sólo basarse en
criterios subjetivos, como los de si los aseos hacen o dejan de
hacer malos olores». En alusión a la inspección encargada por la
Direcció General d'Acció Social del Govern balear, la responsable
de los servicios sociales del municipio entiende que «debería ser
mucho más contundente y asegurarse, por ejemplo, de si se llevan a
cabo con los internos actividades rehabilitadoras y sociales».
«Afortunadamente, los hospicios ya han desaparecido», dijo.
Un total de 8 personas presenciaron el pasado día 19 de
diciembre en la calle, cerca del centro geriátrico, cómo la
directora de la residencia golpeaba y zarandeaba a una anciana a la
que acompañaba a pasear porque ésta había perdido el pañal. La
supuesta agresión, negada por la acusada, fue denunciada por el
Consistorio ante la Administración de Justicia y el gobierno
autonómico.
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