El Plan General que regulará el ordenamiento urbanístico del
municipio en la próxima década fue aprobado ayer en el transcurso
de un pleno extraordinario con el único apoyo del equipo de
gobierno socialista que preside la alcaldesa Margarita Nájera. La
batlessa ha defendido que el nuevo planeamiento, dentro de la
filosofía de la Agenda Local 21, pretende controlar el desarrollo
urbano del municipio con criterios de sostenibilidad. En este
sentido, los objetivos del PGOU son el propiciar un desarrollo
socioeconómico «equilibrado y compatible con la protección y mejora
del medioambiente» a la vez que proporcionado a un consumo
sostenible de los recursos básicos.
Según el equipo de gobierno, el plan permitirá una mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos al propiciar el acceso a la
vivienda, la defensa de los espacios abiertos, la mejora de la
calidad ambiental de los espacios urbanos y la rehabilitación
integral del medio ambiente. El PP, en la oposición municipal, ha
criticado la gestión urbanística que practica el Ajuntament de
Calvià y ha argumentado su voto contrario porque vulnera la
legalidad vigente en diferentes puntos. El portavoz popular en
temas urbanísticos, Carlos Delgado, ha analizado distintos temas
del plan, como la programación temporal de las licencias de
construcción, el medio rural, la regulación para la creación de
establecimientos turísticos, el cambio de actividades en los
locales comerciales o la urbanización Son Font, poniendo el acento
más en el aspecto jurídico y técnico que en el político.
Delgado ha afirmado que Son Font no puede pasar directamente de
suelo rústico a urbano al no disponer de alcantarillado o de red de
agua potable y no estar la mayoría de parcelas construidas. «Se
están cargando las leyes», ha manifestado el edil del PP,
calificando de «escandalosa» la actividad constructora en esta
zona.
Asimismo, según el PP, la documentación del PGOU «vulnera la
ley» al pretender regular el comercio donde el Ajuntament carece de
competencias y además «al no dejar defenderse a los ciudadanos» que
no podrán presentar alegaciones al remitirse la documentación al
Consell sin nueva exposición pública.
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