La familia Serra, propietaria de parte de los terrenos sobre los
que se construye la estación del tren de sa Pobla, denunció ayer a
la empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ante los
juzgados de Inca por incumplir el convenio verbal de compra-venta
de la finca, adoptado durante la pasada legislatura. La familia
Serra cerró el perímetro de su finca el pasado día 2 de diciembre y
obligó a la empresa que realiza las obras del apeadero a desalojar
el material de obra que allí se ubica bajo la amenaza de denunciar
a SFM por «ocupación ilícita» si no recibía garantía suficiente de
que el Govern electrificaría un pozo en una de sus fincas.
Este es uno de los puntos del convenio verbal adquirido con el
Govern durante la pasada legislatura. Jaime Serra Ramis cedía a SFM
el terreno preciso para facilitar la llegada del tren al municipio.
En contraprestación, SFM debía construir un pozo en los terrenos de
Jaime Serra y portar la energía eléctrica para que éste funcionara,
además de pagar el coste de los metros cuadrados afectados. Aunque
el pozo fue construido hace dos años, el resto del acuerdo no se ha
cumplido. El portavoz de la familia Serra ha explicado: «A pesar de
haber cerrado la finca, la empresa promotora de las obras sigue
trabajando en su interior por lo que después de haber advertido en
varias ocasiones a SFM que denunciaríamos hemos decidido acudir a
los juzgados».
El gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca, José Antonio
Santos, no quiso ayer hacer declaraciones sobre este asunto hasta
conocer el informe que están realizando su asesoría jurídica y la
dirección técnica de estas obras. El incidente se produce a solo
dos semanas de la fecha prevista para que el tren regrese a sa
Pobla tras más de dos décadas sin servicio. El Govern de les Illes
tiene previsto inaugurar la línea el próximo día 27. Los
denunciantes temen que una vez concluya la obra no se cumpla el
convenio.
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