La línea de alta tensión, según informaron ayer fuentes de GESA, ya
está en servicio y, además, «es vital para la garantía del
suministro de energía eléctrica a la zona, ya que hasta ahora no
disponía de doble alimentación». GESA «luchaba» desde 1994 por la
instalación de esta línea aérea de transporte de electricidad de 66
kilowatios de potencia y a principios de este año logró poner en
marcha el servicio.
La compañía quiso precisar que, en realidad, «son los
ayuntamientos los que deben tramitar ante la Comissió Insular
d'Urbanisme de Mallorca la declaración del interés general, aunque
hay un matiz jurídico según el que si se goza de la utilidad
pública que concede la Conselleria d'Indústria se considera que no
es necesario el interés general. La utilidad pública está por
encima del interés social, por ello los ayuntamientos no realizaron
la tramitación ante la Comissió Insular d'Urbanisme». «GESA tramita
la utilidad pública, nunca el interés general», indicaron las
mismas fuentes.
Para la construcción de este tipo de líneas, GESA se basa en una
reglamentación a nivel estatal que determina que las instalaciones
eléctricas que afectan a suelo rústico deben ser aéreas. Para que
fueran soterradas debería cambiar la reglamentación y reconocer los
costes. En este sentido, GESA puntualizó que soterrar una línea,
económicamente, cuesta seis veces más «y ello implicaría aumentar
el coste de las tarifas».
En base a todos estos argumentos, la empresa GESA recurrirá el
fallo judicial «porque la línea no puede dejar de funcionar». «Si
el Tribunal Supremo, al final, considera que el fallo es correcto,
los ayuntamientos deberán tramitar el interés general de la línea
de alta de tensión. La compañía está tranquila, tiene todos los
permisos y garantías para que la línea funcione».
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