GESA recurrirá la sentencia que anula las licencias de la línea de alta tensión

La compañía quiso precisar que, en realidad, «son los ayuntamientos los que deben tramitar ante la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca la declaración del interés general, aunque hay un matiz jurídico según el que si se goza de la utilidad pública que concede la Conselleria d'Indústria se considera que no es necesario el interés general. La utilidad pública está por encima del interés social, por ello los ayuntamientos no realizaron la tramitación ante la Comissió Insular d'Urbanisme». «GESA tramita la utilidad pública, nunca el interés general», indicaron las mismas fuentes.

Para la construcción de este tipo de líneas, GESA se basa en una reglamentación a nivel estatal que determina que las instalaciones eléctricas que afectan a suelo rústico deben ser aéreas. Para que fueran soterradas debería cambiar la reglamentación y reconocer los costes. En este sentido, GESA puntualizó que soterrar una línea, económicamente, cuesta seis veces más «y ello implicaría aumentar el coste de las tarifas».

En base a todos estos argumentos, la empresa GESA recurrirá el fallo judicial «porque la línea no puede dejar de funcionar». «Si el Tribunal Supremo, al final, considera que el fallo es correcto, los ayuntamientos deberán tramitar el interés general de la línea de alta de tensión. La compañía está tranquila, tiene todos los permisos y garantías para que la línea funcione».