El pasado día 27 se realizó la inauguración oficial de la línea Inca-sa Pobla y hoy empezará a funcionar.

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P.P. ALORDA/E.BALLESTERO «Algún día cogeré el tren desde sa Pobla a Palma para ver cómo va pero con los precios que han puesto, no lo haré muy a menudo». Así resumía ayer Bernat Serra, vecino de sa Pobla, el sentir general de los habitantes de sa Pobla, Muro y Llubí, tras conocer las tarifas impuestas por Serveis Ferroviaris. Viajar desde sa Pobla a Palma costará 870 pesetas ida y vuelta, una cifra que ha caído como un jarro de agua fría entre los vecinos que hace sólo una semana recibía el vagón inaugural con música y aplausos.

A descontento de los vecinos, se sumaba ayer el malestar de los alcaldes y de los partidos políticos por el fuerte incremento "entre un 11 y un 15 por ciento" de las tarifas de la línea del tren de Inca. Incluso el GOB se sumó a las protestas. Esquerra Unida criticó duramente esta subida. «No se puede subir hasta el 15 por ciento (equivalente al triple del IPC), el precio de unas tarifas que ya son, si entedemos el tren de Inca como uno de cercanías, de las más caras del Estado». Además, añade EU, «se quiere aumentar las tarifas sin haber mejorado sustancialmente el servicio. De hecho, no se ha asumido el compromiso de aumentar las frecuencias». La coalición de izquierdas también considera que la decisión se ha tomado se forma «unilateral» y que grava «a los ciudadanos más alejados de Palma».

El PSM se mostró más moderado, aunque también consideró que la subida es superior a la que debería ser. «De entrada, la subida es elevada», afirmó Joan Antoni Salas, «aunque no sabemos si servirá para amortizar la inversión. La financiación de Madrid no llega y es el Govern el que debe asumir la inversión».

El GOB alabó la tarea realizada por el Govern para potenciar el uso del tren, pero recordó que las subidas de entre un 11 y un 15% de las tarifas previstas para este año van más allá del IPC. «Siempre hemos defendido el fomento del transporte colectivo ya que, sea por carretera o ferroviario, ha de implicar tarifas razonables que suban siempre por debajo del IPC, para favorecer su uso».