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JOSEP ROSSELLÓ/MIQUEL BAUÇÀ La polémica ha comenzado con la carta remitida por Antoni Garcia Moles, concejal de Santa Ponça, a los residentes de Nova Santa Ponça. Con fecha de día 26 de marzo, el edil socialista, «conocedor de las continuas quejas manifestadas por los vecinos», explica que el mantenimiento de las infraestructuras y servicios de las urbanizaciones es competencia de la promotora y que el Ajuntament aún no ha recepcionado Nova Santa Ponça porque las condiciones actuales son «inaceptables».

En su carta, Garcia Moles señala que se intenta «por todos los medios» alcanzar un acuerdo y avanza que se ha encargado a técnicos ajenos al Ajuntament un estudio que evalúe el estado de la urbanización. La promotora no se fía del informe «encargado» por el Ajuntament. Los pleitos entre esta promotora y el Ajuntament son numerosos. Una reciente sentencia, recurrida por el Ajuntament, le obliga a indemnizar a la promotora. El motivo, haber impedido la Ciudad del Golf.

Hábitat Golf Santa Ponça ha respondido con otra carta a los vecinos, fechada día 9 de abril, defendiendo su actuación y criticando al Ajuntament por actuar de forma sectaria. La carta del consejero delegado de la antigua Imisa, Juan Nigorra, apunta que desde hace una década se negocia la recepción de Nova Santa Ponça, en la que se incluye la urbanización Galatzó (La Pantera Rosa), pese a que algunos sectores llevan 20 años acabados. También señala que la legislación obliga a la Administración a «hacerse cargo de la urbanización una vez ésta supere el 50% de consolidación» y en este caso el porcentaje es del 60% de los solares y del 77% de viviendas.

Según Hábitat Golf, el Ajuntament comete agravios comparativos al dar servicios a la urbanización Galatzó (zona IP «inmigrantes progresistas» según el documento Maquiavelo) y no a las áreas considerables MC (mallorquines conservadores). La concejala de Urbanismo, Neus Pacheco, ha calificado de «imprensentable» esta carta y mantiene que las deficiencias son «muy graves». Según Pacheco, subsanarlas podría costar unos 600 millones de pesetas.