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OLGA QUINTANILLA-MADRID
El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado los trámites administrativos para contratar a un equipo de técnicos en topografía que determinen el número exacto y la localización de las fincas de Mallorca que incumplen la ley de Costas. Según las primeras estimaciones, el número de propiedades que se verán afectadas por esta medida es de unas 90. Esta medida es consecuencia de la denuncia presentada por el líder independentista Jaume Sastre contra la piscina situada frente al mar que es utilizada por el periodista Pedro J. Ramírez en Costa de los Pinos. Además de Son Servera, y según fuentes del Ministerio, también se realizarán estudios en Calvià y Formentor.

El primer paso administrativo será delimitar la topografía de los terrenos y de las edificaciones donde se estaría incumpliendo la Ley de Costas. Esta norma exige una franja de seis metros «medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar». El estudio técnico también comprobará el estado de conservación en el que se encuentran los embarcaderos, terrazas, piscinas u otro tipo de construcciones que se encuentren junto a la costa en virtud de las concesiones otorgadas antes y después de la entrada en vigor de la Ley de 1988. Algunas de estas construcciones «son de uso exclusivo de los particulares, que están disfrutando de los privilegios de una zona costera que es de dominio público», indicaron las mismas fuentes.

La Dirección General de Costas tendrá que analizar las situaciones administrativas de todas las concesiones, además de comprobar el grado de vigencia de las autorizaciones. Concluido este proceso técnico se elaborarán las propuestas de actuación «más convenientes», apuntaron las fuentes. Este conjunto de actuaciones se engloba en lo que representa la recuperación del libre acceso y uso público, así como la integración en itinerarios de las dotaciones existentes.