El equipo de gobierno del PP llevó ayer a la aprobación del pleno
municipal el coste definitivo del proyecto de la piscina cubierta,
que se ha elevado a cerca de 3.345.000 euros, cuando el presupuesto
inicial era de unos 2.000.000 de euros. La modificación sustancial
del proyecto, que supuso este incremento del 65% del presupuesto,
fue aprobada por una comisión de gobierno en noviembre de 2003, sin
que se informase al pleno municipal cuando la ley obliga a hacerlo
si la modificación del proyecto supone un incremento de más del 20%
del presupuesto inicial.
Según reconoció ayer el propio teniente de alcalde de Urbanismo,
Bartomeu Seguí, «queremos dar carpetazo al tema». «En su momento,
no llevamos la modificación del proyecto a la aprobación del pleno,
nos equivocamos en la forma», añadió, pero insistió en que todos
los pagos de este incremento han sido justificados. Todos los
grupos de la oposición criticaron duramente al equipo de gobierno
por esta ilegalidad, a la que ayer se pretendía dar cobertura a
través de la aprobación del pleno con los votos a favor de la
mayoría del PP. Tanto el PSOE como el PSM anunciaron que
emprenderán acciones jurídicas contra el equipo de gobierno
municipal.
El equipo de gobierno defendió durante el debate que se trataba
de un «defecto de forma» pero no de una ilegalidad. El portavoz de
Independents d'Inca, Àngel Garcia, preguntó finalmente a la
interventora municipal presente en el pleno: «¿Fue ilegal la
modificación que se hizo del proyecto?». El alcalde Pere Rotger se
adelantó a la respuesta de la funcionaria: «Pues sí, de la misma
forma que se hace en mil obras en todos los municipios», dijo el
alcalde, zanjando el debate.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.