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En un intenso y acalorado debate que duró más de dos horas, todos los argumentos en contra del proyecto para demoler y construir una nueva residencia de ancianos sobre los terrenos de la actual que impulsa el pacto manacorí no fueron suficientes para que el gobierno del Ajuntament de Manacor (PP-AIPC) diese marcha atrás y aceptase la propuesta de los partidos de la oposición de mantener el actual geriátrico e impulsar la construcción de uno de nueva planta.

Tampoco la presión de los trabajadores de la residencia de ancianos, que el pasado lunes por la noche acudieron al pleno, no impidieron que el pacto continuase adelante en la demolición del actual inmueble que alberga a los mayores.

Todos los grupos de la oposición coincidieron en criticar que Manacor perderá la oportunidad de tener 200 plazas de residencia y se quedará en sólo 72 plazas de gestión pública, mientras que 48 serán gestionadas por una empresa privada. Los trabajadores, en la misma línea que la oposición, cargaron contra el proceso de «privatización de la residencia que sólo se traducirá en una pérdida de plazas para los residentes. Manacor necesita como mínimo 200 nuevas plazas para absorber una demanda cada vez más creciente», dijo uno de los empleados del geriátrico. La propuesta de ALM-UM, que contó con el apoyo del PSOE y del PSM, también rechazó el proceso de privatización de la futura residencia y el encarecimiento de los precios de los nuevos residentes que deberán pagar el 75 por ciento de su jubilación.