El 31 de diciembre expira el plazo de que dispone Ramírez para
presentar un proyecto que garantice el cumplimiento de la concesión
de uso público y gratuito otorgada por el ex ministro Jaume Matas
en 2001.
Esta información, adelantada ayer por periodistadigital.com y
confirmada a Ultima Hora por el Ministerio, parece indicar que la
Administración no ha seguido las recomendaciones de un informe
elaborado por la Delegación del Gobierno en Balears, según las
cuales debían introducirse algunas restricciones al uso público
porque el periodista está amenazado por ETA. La Delegación abría
así las puertas a la privatización de hecho de la costa
mallorquina.
Según el Ministerio, no existe ninguna duda de que la piscina
está construida en suelo público. También reconoce que, en cierto
modo, ha actuado con especial «delicadeza» en este asunto para
evitar que Ramírez pudiera presentar el caso como una «persecución
personal». A excepción del PP, todas las organizaciones políticas
de Mallorca, así como movimientos ecologistas, han denunciado el
escándalo y exigido que se aplique la ley.
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